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Iván Hawryluk, presidente de la Cámara de Eventos y Afines de Santa Fe, explicó que a pesar de la desregulación que anunció el Gobierno nacional, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) sigue cobrando sus aranceles.
Hawryluk habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó que “el decreto establece claramente el nuevo lineamiento que tiene el gobierno respecto de la propiedad intelectual” y que los salones, al ser espacios privados, no deberían pagar los derechos de música. Sin embargo, SADAIC y CAPIF (Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas) “pretenden seguir cobrando”, lo que crea un “círculo vicioso” para los organizadores de eventos.
SADAIC te aprieta por otro lado y te dice que si no lo hago en el cliente pasas a ser responsable automáticamente del salón. Entonces estamos en esa disyuntiva donde el cliente no te lo quiere pagar y si no te lo paga vos no podés reproducir música. Y es un círculo vicioso que no termina porque nunca termina quedando en claro”, dijo.
Según Hawryluk, el problema radica en la falta de claridad en la aplicación del decreto. “Intentamos comunicarnos con gente del gobierno para que pongan claro esta situación”, afirmó, subrayando que la interpretación de SADAIC y CAPIF ha entorpecido la correcta lectura del decreto. “No hemos podido contactar con nadie que nos ayude en esta situación”, agregó.
El presidente de la Cámara también mencionó que, históricamente, los salones requerían a los clientes el pago de los derechos de autor antes del evento. Sin embargo, actualmente, muchos clientes se sienten amparados por el decreto y se niegan a pagar, lo que deja a los salones en una posición complicada. “Si no desean abonarlo, tienen que dejar firmado un documento donde eximen al salón de un futuro reclamo”, indicó.
El dilema se agrava ante la posibilidad de que los inspectores de SADAIC realicen controles durante los eventos. “Son ellos mismos los que labran un acta y a posteriori te reclaman el pago de esos aranceles”, explicó Hawryluk, quien también destacó que el costo de estos derechos puede ser significativo. “No estamos hablando de un arancel económico, son 480 mil pesos“, subrayó, lo que representa una carga considerable para las familias que organizan fiestas.
La situación actual ha llevado a los salones de eventos a aconsejar a los clientes que “no paguen”, aunque advirtió que esto podría resultar en intimaciones posteriores. “Alguien tiene que venir a poner en claro y decir, esto no corresponde”, concluyó, enfatizando la necesidad de una resolución clara por parte del gobierno para evitar futuras confusiones y conflictos en el sector de eventos privados.
