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Mujeres y personas transgénero pasan más de 2.500 días de su vida, casi el equivalente a siete años, menstruando, y el costo de los insumos que utilizan, desde tampones y toallas higiénicas hasta copas menstruales, les cuestan cada mes una suma cercana a los 310 pesos, y más de 3.700 al año. Un número que desde 2017 a esta parte se incrementó más de un 130 por ciento, y que además recae sobre un sector de de la población más pobre que los varones y más desempleada, de acuerdo a los propios datos del Indec. Por eso, el acceso gratuito a la llamada “canasta menstrual” viene siendo un reclamo de las organizaciones de mujeres. Con ese objetivo, y ya con media sanción de la Cámara de Diputados, Santa Fe está a un paso -senadores de por medio- de contar con un programa provincial de distribución gratuita e irrestricta de los productos de gestión menstrual a través de hospitales, centros de salud y espacios educativos.
El proyecto santafesino no es el primero. Desde 2017, cuando el Colectivo Economía Feminista lanzó la campaña #Menstruacción y comenzó a llevar adelante un seguimiento de los costos de los insumos, hubo más de una decena de iniciativas a nivel nacional y en las provincias para saldar esa desigualdad. A nivel local, el único antecedente está en Rosario, cuando en febrero pasada desde la recién creada Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad se impulsó la incorporación de estos productos a la novena edición del programa Precios Justos.
Ahora la provincia está a un paso de que su distribución sea irrestricta y gratuita en todo el territorio. El proyecto que reconoce la higiene menstrual como “un derecho humano” fue presentado por los legisladores del Frente Progresista Lionella Cattalini y Fabián Oliver, y no sólo ya pasó por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Salud Pública y Asistencia Social, y Presupuesto y Hacienda, sino que además ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.
Así sólo resta que el Senado santafesino le dé el visto bueno para que las mujeres y transgénero de la provincia puedan acceder a estos productos.
“En los últimos años, organizaciones de mujeres y colectivos feministas impulsaron campañas y acciones que pusieron el tema de la menstruación en la agenda pública de muchísimos países, sentimos que es nuestra responsabilidad generar políticas públicas en Santa Fe en el mismo sentido”, sostuvo Cattalini.
Qué productos y dónde. Para reducir una de las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres de menores recursos, la iniciativa apuesta a una distribución efectiva, gratuita e irrestricta por parte de la provincia de todos los productos para la gestión menstrual, considerando a todos los elementos que se utilizan para la contención y tratamiento del sangrado de las personas durante ese período.
Eso incluye desde copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas y ropa interior absorbente hasta toallas descartables industriales y tampones, que según se detalla en la propuesta serían entregados a través de centros de salud y hospitales, escuelas y otros ámbitos educativos, refugios a cargo de la provincia, y en las cárceles para quienes estén privadas de su libertad.
“El derecho al acceso de los productos busca garantizar una gestión de higiene menstrual segura, eficaz y digna”, al mismo tiempo que apunta “a generar conciencia en la sociedad y modificando a partir de la educación todos los estigmas relacionados con la menstruación”, destacan también los legisladores.
La brecha. Garantizar el acceso a estos insumos no sólo busca saldar la desigualdad entren las mujeres que pueden acceder a ellos, sino además la brecha de género que persiste. Por eso, desde 2017 y con el lanzamiento de la campaña, el espacio Economía Feminista lleva adelante un registro mensual de los costos a los que tienen que hacer frente las mujeres y transgénero.
En el inicio de la campaña el costo anual rondaba los 1.600 pesos, una suma que multiplicada por los 40 años que menstrua una mujer supera los 65 mil pesos. Tres años más tarde, los números se incrementaron más de un 130 por ciento.
Es que hoy el costo anual es de por lo menos 3 mil pesos, y puede elevarse a 3.700, lo que constituye un factor de desigualdad para este sector de la población que además de acuerdo a los datos del Indec es más pobre. Las estadísticas oficiales indican que la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres es del 29 por ciento, y ese porcentaje trepa al 35,6 por ciento cuando se compara a trabajadores y trabajadoras informales.
