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En una muestra de contundencia, la oposición en el Senado sostuvo la ley de emergencia en discapacidad y el Poder Ejecutivo deberá aplicarla, pese a que Javier Milei decidió vetarla. La insistencia fue acompañada por casi todo el arco opositor y desnudó como nunca la fragilidad parlamentaria del oficialismo. Logró 63 apoyos, siete rechazos y ninguna abstención. Es el primer veto que el Congreso le voltea a la administración libertaria.
La norma, sancionada a inicios de julio, actualiza aranceles de prestadores y crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Las pensiones por invalidez laboral vigentes pasan automáticamente a ese esquema, con acceso garantizado a un programa de atención médica. También ordena regularizar deudas del sistema de salud con los prestadores.
El Senado de la Nación debate, además, otros proyectos, como darle media sanción a un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Entre los principales puntos de la ley sancionada primero y rechaza por el Ejecutivo después, prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad.
Aprobada el último julio, la emergencia en discapacidad garantiza los fondos para una serie de prestaciones hasta diciembre de 2027. Se trata del pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas) como así también el restablecimiento del proceso de aprobación de pensiones y la actualización de las sumas que, en junio de 2025 eran de 213.286,50 pesos.
En la sesión, el primero en tomar la palabra fue el senador pampeano Daniel Bensusan. Dijo que Javier Milei lo vetó “fundamentando que afectaría y rompería el equilibrio fiscal y tantas otras mentiras como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo”.
“El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública… se roban los fondos de las provincias”, señaló Bensusán, para preguntarse luego “¿cuál es el sentido de ese ahorro que nos pretende vender el presidente?”.
“Hay cinco millones de personas con discapacidad, un 10% de la población –continuó-. ¿Qué se vetó? Que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, el 70% de la mínima; un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad».
