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En una publicación de este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la desregulación del servicio de correos con el objetivo de ampliar la oferta de courriers, entre otros servicios. Horas más tarde, el ministro de la cartera que encabeza la transformación de distintas áreas del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que la intención final de la gestión mileísta es la privatización de la empresa Correo Argentino. “El Presidente ha dicho que todas las empresas que generan servicios que podrían ser generados por el sector privado (…) tienen que ir a un proceso de privatización”, marcó.
En diálogo con radio Mitre, el funcionario aseguró que Correo Argentino “es un caso evidente”. “Por ejemplo, en encomiendas tiene solo un 17% de participación del mercado, por lo que queda clarísimo que es una actividad que la puede hacer el sector privado”, dijo y apuntó: “Se privatizará, o se concesionará, o se transferirá a los empleados”.
Esta mañana, el funcionario ya había definido la medida como “un paso clave para el desarrollo del comercio electrónico”, en un posteo en el que se propuso explicar los alcances del decreto 1005 firmado por Javier Milei.
Para detallar la importancia de la nueva medida dispuesta por la gestión, Sturzenegger hizo un breve repaso por la historia, a la que calificó de “interesante”. “En el siglo XVIII, el correo era una herramienta para integrar una nación. Así, la Constitución de los EE. UU. establecía como una de las obligaciones del gobierno federal la gestión de los correos. Nuestra constitución se lo delegó al Congreso en su Art. 75. El gobierno de [el expresidente, Juan Carlos] Onganía (que armó el sistema de las castas) emitió la ley 20.216 que establecía el monopolio absoluto del correo oficial”, repasó.
Sturzenegger dijo que, “entre otras barbaridades”, esa medida le permitía no entregar la correspondencia que consideraba que podía contener información impropia o abrir aquella en caso de sospechar de sus contenidos. “Como una suerte de 1984, a esa ley no le interesaban los usuarios, sino el control del Estado de la información que manejaban sus ciudadanos”, criticó.
El ministro, en su cuenta de la red social X, prosiguió: “Por suerte, llegó la onda desreguladora de los 90 y Domingo Cavallo, con el decreto 1187/93, suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector. Sin embargo, persistían restricciones al ingreso a la actividad a través de complicados sistemas de registración y habilitación. Como siempre estos sistemas son eminentemente anti pymes y anti innovación”.
Sturzenegger dijo que el decreto que lleva la firma de Milei elimina estas trabas porque no existe más un proceso de habilitación; cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad. “En mensajería urbana también lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; el negocio pasa a ser libre”, agregó.
“Se permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados, extendiendo los beneficios de la firma digital remota al negocio postal. La no exigencia de comprobar vehículos en mensajería urbana implica que cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas”, detalló.
La desregulación del servicio de correo
Los objetivos del decreto aprobado por el Gobierno son fomentar la transparencia, simplificación, digitalización y mayor seguridad del servicio. Para ser operador postal las personas jurídicas deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera electrónica, gratuita y declarativa. Ese trámite se realizará una sola vez al inicio de la actividad y podrán iniciar automáticamente sus actividades a partir de los cinco días desde entonces.
Los operadores postales que desarrollen actividades en el mercado local e internacional podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad.
Con esta medida se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores.
En un inicio, el correo formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.
