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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrentará una semana de definiciones judiciales cruciales, con dos causas que involucran a sus máximos dirigentes, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino: la investigación sobre la mansión en Pilar y el caso de la retención de 19.000 millones de pesos de aportes patronales.
Sobre ese último expediente, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante decidirá si procesa o sobresee al presidente y al tesorero de la Asociación, que están imputados junto con otros dos dirigentes: Víctor Blanco, expresidente de Racing, y Cristian Malaspina, su par de Argentinos Juniors.
Los cuatro fueron imputados por no haber abonado en tiempo y forma 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. La defensa argumentó que la deuda finalmente se saldó, pero esta justificación podría no ser suficiente para evitar el procesamiento de algunos de los involucrados.
El juez Amarante viene de tener una serie de cruces con Tapia por sus intenciones de salir del país, algo que tiene prohibido. Es que el presidente de la AFA había pedido permiso para ir a Venezuela, casualmente, en la fecha donde fue rescatado el gendarme Nahuel Gallo. El magistrado plasmó en resoluciones posteriores esa suspicacia, y de parte de la defensa del “Chiqui” llovieron las críticas hacia el Juzgado.
La causa sobre la propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, se encuentra en disputa entre distintos Juzgados. Se trata de una mansión que está a nombre de Real Central S.A., una firma del monotributista Luciano Pantano, expresidente de la Asociación de Futsal y dirigente del club Almirante Brown, y de su madre Ana Conte, jubilada.
