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“Judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático”. La frase pertenece a Cristina Fernández de Kirchner, que así se expresó en contra de Juntos por el Cambio luego de que el interbloque opositor hiciera la presentación en tribunales en contra de la extensión de las sesiones remotas.
La pelea en la Cámara alta viene de vieja data. Sin embargo, recién después de cuatro meses de sesiones por teleconferencia la principal bancada opositora se negó a acompañar la renovación del protocolo de funcionamiento remoto en los términos que determinó la presidencia del cuerpo, es decir, tal como se realizaban las sesiones hasta ahora, con la única presencia de las autoridades de la cámara en el recinto. Ahora, la UCR y el PRO hicieron una presentación judicial cuyo eje central es impugnar la votación de la semana pasada en la que por mayoría simple el Frente de Todos, con algunos aliados, extendió por otros 60 días la virtualidad.
En el amparo presentado por los abogados Antonio María Hernández y Ricardo Gil Lavedra, radicales y macristas sostienen que se trata de una modificación del reglamento y que por lo tanto se requieren dos tercios de los votos para que sea válido. A pesar de las extensas sesiones y de las leyes votadas por unanimidad, el escrito de 55 páginas denuncia que no se puede certificar el quórum ni las votaciones, además de reiterar las críticas por uso “arbitrario” de la tecnología, algo que vienen manifestando en cada sesión cuando Cristina Kirchner como titular del cuerpo impone la interpretación del reglamento respecto de los tiempos y uso de la palabra.
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Ahora la tensión se potenció porque Juntos por el Cambio decidió “observar” las próximas sesiones (el protocolo anterior vence el 24) y participar pero bajo protesta, a la espera del fallo judicial. El interbloque quiere mayor presencialidad tras los cambios repentinos que sobre el final de una sesión se impusieron a la reforma judicial (que votaron en contra) y fundamentalmente ante el envío del proyecto de ley que hará un nuevo recorte a la coparticipación porteña.
El juez que intervendrá en la causa es Pablo Cayssials, del Juzgado en lo Contencioso número 9, quien ya falló alguna vez contra el kirchnerismo cuando determinó que el procurador general de la Nación puede cesar por decreto en el medio de la puja por la continuidad o no de Alejandra Gils Carbó, designada en el Ministerio Público Fiscal por CFK con el aval en ese entonces del Senado.
El tema de la quita de coparticipación a CABA comenzó a discutirse acaloradamente este último lunes y, tras la presentación de varios especialistas, tendría dictamen para la próxima semana. La siguiente, ya en octubre y con nuevo protocolo, se trataría en el recinto para ser luego girada a Diputados.
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“Excelente definición de lo que está pasando en el Parlamento argentino. Quieren paralizarlo”, reprochó la vicepresidenta, que compartió un duro comunicado del bloque del Frente de Todos que lleva este título: “Nuevamente el bloque macrista quiere paralizar el Senado y se niega a debatir”.
Para el frente gobernante, la decisión de judicializar es una estrategia en defensa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta tras el anuncio del Presidente de una quita de un punto en las partidas transferidas y otro punto y medio más a partir del envío del proyecto de ley que determinará, año a año, el costo de la policía.
“El Congreso comenzó a debatir el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para corregir la injusticia que Macri cometió con todos los argentinos y las argentinas al otorgarle a la Ciudad de Buenos Aires, mediante un decreto, fondos millonarios que no le corresponden”, indicó la bancada que responde a Cristina Kirchner. “La bancada macrista amenaza con paralizar el funcionamiento del Senado recurriendo nuevamente a los juzgados a buscar lo que no lograron conseguir en las urnas, judicializan la política porque no aceptan las reglas del juego democrático”, sostienen.
“Son excusas para no acompañar leyes que favorecen a las mayorías como lo hicieron con la Ley de Alquileres, la de Teletrabajo, la ley de Pesca, ahora se niegan a debatir el proyecto de ley que revisa el convenio de transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se apunta en el texto.
Tanto desde el bloque como del entorno de la vicepresidenta defienden el protocolo de sesiones remotas, avalado por unanimidad en varias ocasiones. Indican que este protocolo les permitió a los senadores seguir trabajando durante la pandemia. En lo que podría ser un anticipo de la defensa judicial que prepara la directora jurídica Graciana Peñafort, apuntaron que ya hubo 12 sesiones remotas, se sancionaron 15 leyes, se aprobaron 23 proyectos de ley como cámara de origen y se votaron 47 DNU y decretos de facultades especiales.
“Repudiamos el accionar que los caracteriza como oposición, son irresponsables, no comprenden el momento que vive el mundo ni la responsabilidad que tenemos como legisladores y legisladoras y se niegan a trabajar para dar solución a los problemas resultantes de cuatro años de su fracasada gestión de gobierno”, afirmaron los oficialistas.
Sin diálogo en los últimos días, en Juntos por el Cambio por el contrario afirman que la agenda habilitada por el oficialismo sólo incluye “temas personales” de la vicepresidenta, en alusión a los jueces cuyos pliegos se rechazaron para enviarlos de los juzgados en los que investigan a Cristina Kirchner a sus juzgados de origen. También insisten en pedir leyes que consideran pueden generar empleo, como la de Economía del Conocimiento.
Este lunes por la tarde el Senado dio inicio al debate del convenio de traspaso de la Policía a la Ciudad. La secretaria de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, inició la breve ronda de expositores y defendió la postura oficial para determinar un monto fijo para ser transferido a la Ciudad en concepto de financiamiento para la Policía Federal fusionada con la Metropolitana. De esta manera la coparticipación para el distrito quedará reducida a 1,4%. Hubo un duro contrapunto en la comisión y Juntos por el Cambio cuestionó la constitucionalidad de la reducción, que consideró excesiva y arbitraria.
