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La Procuración de Investigaciones Administrativas informó al fiscal Taiano sobre anomalías en el plan del ministerio de Salud: números sospechosos y vacunas desviadas.
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, entregó un informe ante el fiscal Eduardo Taiano que investiga el caso conocido como Vacunatorio VIP. En el documento, al que accedió Clarín, se reflejaron irregularidades respecto a personas que fueron inoculadas en el Hospital Posadas, números que no condicen con el personal sanitario, vacunas que fueron desviadas al Ministerio de Salud.
Fue a comienzos de este año que estalló el escándalo que derivó en la renuncia de Ginés González García como ministro de Salud. Como resultado del Vacunatorio VIP, la PIA abrió un expediente en el que impulsó las primeras medidas en el caso donde una de las principales sospechas es que la lista de dirigentes, sindicalistas y empresarios que se habrían vacunado con privilegios podría ser mucho más amplia.
Hugo Moyano y su esposa y uno de sus hijos de 20 años; el periodista Horacio Verbitsky; el diputado Eduardo Valdés; el senador Jorge Taiana; el empresario Florencio Aldrey Iglesias, sus familiares Lourdes y Dolores Noya Aldrey; los empresarios Seza Manukian y Félix Guille; Carlos Zannini y su esposa; Daniel Scioli y Eduardo Duhalde, son parte del listado de quienes recibieron la vacuna la Sputnik V como parte de un circuito presuntamente irregular implementado desde el Ministerio de Salud.
Para realizar un entrecruzamiento de los datos, se pidió el listado de aquellas personas que recibieron la vacuna Sputnik en el hospital Posadas, como también en el Ministerio de Salud. El recorrido
recorrido entre ambas instituciones también fue analizado corroborando su utilización de forma irregular.
Este expediente que impulsó la PIA se ocupó de un conjunto de vacunas que se destinaron “para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el COVID-19″, reseñó la Unidad de Admisión y Detección Temprana”.
Pero además, se dio inicio al caso al entender que se «estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública«. Los posibles delitos pueden incluir las negociaciones incompatibles con la función pública
Los posibles delitos pueden incluir las negociaciones incompatibles con la función pública como la malversación de fondos públicos.
Bajo esos lineamientos, la PIA delimitó el objeto procesal a las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V, asignadas al Hospital Nacional Posadas, “respecto a personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos, y/o en los formularios pertinentes consignaron una categoría falsa de trabajadores sanitarios, habrían sido inoculadas en la institución médica referida, el Ministerio de Salud de la Nación y domicilios particulares”.
