Vuelven a encarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa

La Cámara Federal de Casación Penal había ordenado ayer la detención inmediata de López y De Souza en el marco de la causa en la que se los investiga por no haberle rendido a la Afip 8.000 millones de pesos que habían recaudado con el impuesto a la transferencia de combustibles.

La decisión fue tomada por mayoría por la sala I del máximo tribunal penal con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, mientras la camaristas Ana María Figueroa votó en disidencia.

El fallo de Casación revocó la resolución que había dictado la Cámara Federal porteña, que el 16 de marzo pasado dispuso la liberación de los empresarios y el cambio de carátula del expediente por el que habían sido detenidos.

Por ese fallo los jueces Eduardo Farah y Jorge Ballestero fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura por presunto cohecho.

Casación revirtió las excarcelaciones al considerar los peligros procesales de mantenerse López y De Sousa en libertad, esto es el posible entorpecimiento de la causa.

Vuelta atrás

En un fallo de 148 páginas, los jueces de Casación dispusieron que los empresarios y el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray vuelvan a ser investigados por “defraudación al Estado” y no por “apropiación indebida de tributos”, contra lo que había decidido la Cámara Federal.

La detención de los dueños del Grupo Indalo, que tiene entre sus insignias a la empresa Oil Combustibles y al canal C5N, es instrumentada por el juez federal Julián Ercolini, quién lleva la causa por el no pago del impuesto a las transferencias de combustible.

Los miembros de la Sala I de Casación volvieron a elevar los montos de los embargo que pesan sobre los tres imputados a más de 17 mil millones de pesos. La Cámara Federal los había bajado a 9 mil millones.

Los imputados están acusados de desviar millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles debía entregar a la Afip en concepto de impuesto a los combustibles líquidos, utilizándolas para financiar al conglomerado empresario denominado Grupo Indalo.

Los empresarios habían sido detenidos por primera vez el 20 de diciembre del 2017 por orden del juez Ercolini, quién entendió que el intento de venta del Grupo Indalo a un fondo de inversión tenía por objetivo eludir la inhibición de bienes dispuesta por la Justicia.

López y De Sousa siempre argumentaron que no tuvieron la intención de eludir la inhibición que pesaba sobre sus bienes y que por eso consultaron al juez sobre la posibilidad de llevar a cabo la venta del grupo de empresas.

Circunstancias objetivas

De los jueces de la Cámara de Casación, el primero en votar fue Hornos, quien consideró que “existen circunstancias objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y de Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva de los nombrados en orden a la presunción de que éstos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga”.

En la misma dirección que Hornos votó el juez Riggi, quien sostuvo que “la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito justifican la restricción de la libertad” de los empresarios acusados.

En relación a López, el juez Riggi sostuvo que al analizar su caso tuvo especial consideración a las manifestaciones públicas que hizo el mes pasado al recuperar su libertad cuando dijo que no había estado detenido sino “secuestrado”.

Riggi sostuvo que las declaraciones de López implicaron “un irrespetuoso desconocimiento de las atribuciones legales del magistrado que lleva adelante la causa, pues secuestrado sólo puede estar quien es privado de su libertad por alguien que no tiene facultades para hacerlo”.

“No se trató de un mero disenso con relación a una decisión que pudo considerar errónea de parte del juez sino directamente de la negación de la legitimidad de la autoridad judicial competente y, en definitiva, del funcionamiento del Estado de derecho del que goza nuestro país”, remarcó Riggi.

Por su parte, la jueza Ana María Figueroa sostuvo: “No comparto las argumentaciones y solución a que arriban los distinguidos colegas que integran este acuerdo, debiéndose respetar siempre el debido proceso y las garantías constitucionales y convencionales en todo juicio penal”.

La Cámpora: “Buscan intimidar voces opositoras”

“La organización La Cámpora cuestionó ayer el fallo que revirtió la excarcelación de Cristóbal López, el que aseguró fue “ordenado” por el gobierno, y denunció que el Poder Judicial funciona “a la carta para intimidar voces opositoras”.

“Por orden del gobierno, la Sala I de la Cámara de Casación ordenó detener a los dueños de C5N con el fin de intimidar a los comunicadores que trabajan en esa señal y, al mismo tiempo, dotar a la prensa adicta de una noticia que pueda opacar un fin de semana lleno de títulos referidos a la corrida cambiaria y el descontento por los tarifazos”, indicó en un comunicado. Agregó que las detenciones de López y Fabián de Sousa “consolidan el hostigamiento y la persecución que viene sufriendo el Grupo de Medios Indalo desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia, buscando generar un caso ejemplificador hacia aquellos dueños de medios que estén pensando en sostener una línea editorial contraria a la que baja de la Casa Rosada”.

Advirtió que “propietarios de medios oficialistas que tienen cuentas pendientes con la Justicia gozan de la misma impunidad que tienen los empresarios que formaron parte de la «pata civil» de la última dictadura, en una trama de complicidades que alcanza a familiares de integrantes del propio gobierno”.

“Los casos de Héctor Magnetto (CEO del Grupo Clarín) y Bartolomé Mitre (dueño de La Nación), sobreseídos por Julián Ercolini, casualmente uno de los integrantes del Partido Judicial que persiguen a López y a De Souza, dejan en evidencia el pacto de impunidad con el que conviven funcionarios, medios de comunicación paraestatales y magistrados obsecuentes”, señaló La Cámpora, cuyo máximo referente es el diputado Máximo Kirchner.

La organización remarcó que “no se trata de los únicos empresarios que le deben dinero al Estado”, sino que “la larga lista que podríamos elaborar se completa, entre otros, con el mencionado Mitre y sus socios de la familia Saguier en el Grupo La Nación ($280 millones a la Afip); Edesur, Edenor, Edelap y otras ($19.000 millones a Cammesa), y el propio Grupo Macri ($70.000 millones por el Correo)”.

“Ni los amigos del presidente (Caputo por Edesur, Mindlin por Edenor) ni los hermanos del jefe de Estado fueron molestados por los jueces para intimarlos a que paguen sus deudas con el fisco”, completó.