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AIRE DE SANTA FE
Gabriel Somaglia, secretario de Justicia de Santa Fe, dijo que la Provincia se retira de la negociación porque los directivos del grupo empresario se negaron a cumplir las dos condiciones que exigía la propuesta. “Es un capítulo cerrado”, sentenció.
El plan de salida al default de Vicentin que había ideado el gobierno de Santa Fe chocó este jueves con la negativa de los propietarios del capital social de ceder las acciones a un fideicomiso y apartarse de la administración, las dos condiciones que habían fijado Nación y provincia para seguir esa vía.
El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, dejó en claro que caída la opción del fideicomiso, vuelve a primer plano la intervención de la empresa que planteó la Inspección de Personas Jurídicas y que el juez deberá volver a valorar en los próximos días. Autoridades de provincia, Nación y acreedores no están dispuestos a ayudar al salvataje de Vicentin si los actuales accionistas permanecen en la administración.
A la segunda audiencia de conciliación convocada por el juez del concurso preventivo Fabián Lorenzini concurrieron el presidente del directorio Daniel Buyatti y el vicepresidente Alberto Macua, acompañados por los abogados de Reconquista (Guido Ferullo) y de Buenos Aires (del estudio Alegria, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo). También estuvieron los síndicos del concurso. El secretario de Justicia Gabriel Somaglia fue el principal representante de la provincia.
Capítulo cerrado
“Lamentablemente no hemos podido acordar porque las dos condiciones que tenían el Estado nacional y provincial, que los directores actuales se apartaran de sus cargos han decidido no hacerlo, y en relación a las acciones que se pedían que fueran transferidas a un fideicomiso, tampoco se logra ese cometido, por lo tanto decidimos dejar aquí la negociación, es un capítulo cerrado”, afirmó Somaglia. De todos modos, el juez Lorenzini abrió un impasse de 5 días para que las partes propongan nueva reunión en caso que tuvieran algo nuevo que proponer.
“La Provincia ahora no tiene nada por hacer en este marco –siguió Somaglia–. En todo caso producir las pruebas que están en el incidente de remoción de los directores, y el juez estará en condiciones de resolver, supongo en 20 días aproximadamente”.
La negativa de la empresa
Según pudo saber Aire Digital, los representantes de la firma querían que las acciones quedaran en garantía y no cederlas, lo cual fue rechazado porque en esa calidad impide tomar las decisiones trascendentes que necesitan para salvar la empresa. Además, para retirarse contraofertaban estar un tiempo más al frente de la administración y después llamar a asamblea para poner nuevo directorio que saldría de los accionistas, que son más de cien. En las conversaciones previas también habían requerido que se les garantizará una especie de inmunidad judicial en relación a las causas penales.
“La provincia ahora no tiene nada por hacer en este marco –siguió Somaglia–. En todo caso producir las pruebas que están en el incidente de remoción de los directores, y el juez estará en condiciones de resolver, supongo en 20 días aproximadamente”.
De esta manera Somaglia confirmaba que se activa el plan B, que no es otro que la intervención lisa y llana de la empresa con funcionarios nacionales y de la provincia. La intervención figuraba en el decreto de necesidad y urgencia que el presidente Alberto Fernández firmó el 10 de junio y que también contemplaba la expropiación.
En este contexto se activa el “plan B”, que no es otro que la intervención lisa y llana de la empresa con funcionarios nacionales y de la provincia.
El 15 de junio el juez Lorenzini argumentó que “su patrimonio (de Vicentin) debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales” y resolvió ratificar en funciones al directorio original y que los interventores Gabriel Delgado y Luciano Zarich no asumieran como tales sino que quedasen en condiciones de simples veedores.
Todos miran al juez
Ahora el juez tiene que volver a resolver a partir del incidente paralelo al concurso que se abrió por el pedido de intervención que introdujo la provincia a través de Inspección de Personas Jurídicas. Esa solicitud implica un triunvirato interventor: los dos funcionarios designados por el presidente y Alejandro Bento, nominado por el gobernador Omar Perotti.
El escenario cambió rotundamente en el último mes y medio. La situación de Vicentin se agravó, sigue sin funcionar por sí, no presentó los estados contables y balance 2019 (ahora el juez los habilitó con 40 días para hacerlos) y avanzan investigaciones penales por vaciamiento de la empresa, fuga de capitales y otros delitos en tribunales de Nueva York, Buenos Aires y en la provincia.
Cabe recordar que también hay exfuncionarios nacionales imputados por el otorgamiento de créditos irregulares en días previos al default de la empresa, inhibición de bienes para los miembros del directorio, un extenso dossier de pruebas presentado por la provincia donde da cuenta de las maniobras de transferencia de paquetes accionarios y extranjerización de patrimonio y directores que desde enero a la fecha intentan enajenar su patrimonio privado. Este mismo jueves, horas antes de inicio de la audiencia de conciliación, se conoció la orden del juez federal Ercolini que mandó allanar la sede de Vicentin en Avellaneda.
Leer más ► Allanan la sede de Vicentin por orden de la Justicia federal
Aquellos argumentos del juez no parecen adecuados a la realidad que afloró en este lapso. Es más, los acreedores tampoco quieren participar del salvataje de Vicentin con la actual administración. Por lo tanto, si el trámite concursal siguiera igual, va directo a la quiebra.
Los acreedores no quieren participar del salvataje de Vicentin con la actual administración. Si el trámite concursal sigue igual, va directo a la quiebra.
¿Un concurso más grande?
Fracasada la vía del fideicomiso, en los próximos días y semanas crecerá la presión sobre el juez para que incluya en el concurso preventivo a la totalidad de empresas del holding, a sus controladas y asociadas dado que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ya demostró la unicidad de la administración de todo el conglomerado.
Hay jurisprudencia desde hace varias décadas que avala avanzar en ese sentido, lo que permitiría que los socios de Vicentin no dejen el clavo en el negocio de granos y sigan adelante con los activos rentables del holding.
Por más que empresas como Friar figuren mayoritariamente a nombre de empresas extranjeras (los dueños de esas firmas uruguayas son los mismos que los de Vicentin), los informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) demuestran la existencia de unicidad administrativa al compartir directores y domicilio fiscal.
Sólo Friar acaba de ser el cuarto frigorífico con mayor cuota Hilton asignada del país y tiene contratos asegurados que le reportarán más de 7 millones de dólares mensuales de ingresos. De hecho, el único acreedor que pudo cobrar algo de Vicentin es el Banco Nación al ejecutar un contrato de Friar que había sido puesto en garantía como contrapartida de parte de los créditos. De esta manera, el Banco recuperó en lo que va del año unos 11 millones de dólares. Parece mucho, pero es una migaja en relación a los 90 millones de la misma moneda que le debe Vicentin.
