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El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne; su par de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el de Provincias, Alejandro Caldarelli, comienzan a recibir hoy a ministros y técnicos de provincias para negociar los términos del ajuste en el presupuesto 2019.
Al ministro de Econompía de Chubut se sumarán en las proximas horas los representantes de esa misma carterta en los distritos administrados por Cambiemos: Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza y Corrientes.
Antes que termine la semana pasarán por Olivos o la Casa Rosada los ministros de Neuquén, Misiones y Río Negro, Córdoba, Salta, San Juan, Chaco, Tierra del Fuego y Entre Ríos.
La Convocatoria a Santa Fe sería para la semana que viene, teniendo en cuenta la situación especial de la administración de Miguel Lifschitz, que viene negociando en paralelo el pago de la deuda nacional. Los trascendidos de una propuesta para recibir bonos y obras generaron no pocos cuestionamientos en el frente interno del socialismo, especialmente desde la figura de Antonio Bonfatti.
También para la semana que viene fueron convocados los ministros de Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Formosa, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro. Todas provincias con vínculos políticos más tensionados con el gobierno central.
La declarada intención del gobierno central es compartir el recorte de unos $ 300.000 millones entre la nación y las provincias.
Sobre la mesa están las partidas discrecionales de la Casa Rosada a las provincias, una suculenta forma de ayuda diseñada por el kirchnerismo como forma de sometimiento a los estados subnacionales, que ahora Macri pretende eliminar.
Pero también están en juego las obras públicas nacionales, decisivas en la economía de los distritos. La administración central busca un consenso para repartir responsabilidades en el recorte; de lo contrario podraía “reconducir” el presupuesto de este año, lo que significaría que con cifras “viejas” e inflación mediante, crecería el margen de discrecionalidad presidencial a la hora de hacer repartos.
La estrategia de la Casa Rosada es negociar primero con los mandatarios aliados y seguir con el peronismo federal, al cual consideran “dialoguista”, para traccionar el número necesario en el Congreso. Los “K” -descuentan en la Casa Rosada- no serán parte del entendimiento.
Buenos Aires
María Eugenia Vidal recibiría el año próximo $ 65 mil millones más por la recuperación de la coparticipación en su distrito; pero calcula que el impacto del ajuste en su provincia será de entre $ 30 y 50 mil millones. Su administración ya recorta las partidas de Obras Públicas y no cumpliría incluso este año con el presupuesto de $ 30.561 millones. La mandataria reclamó que no entregará una provincia peor de lo que recibió, pero dejó en claro que no podrá cumplir con la meta de déficit cero en 2020.
Morales por las retenciones
“Se fueron y no van a volver”, les aseguró Mauricio Macri a los representantes de la mesa de enlace días atrás sobre la baja en las retenciones. El presidente lo ratificó personalmente a los gobernadores y legisladores radicales, con los que cení días atrás en Olivos. Y pocas horas después Gerardo Morales, el mandatario jujeño, volvió a la carga.
“El campo tendría que hacer un aporte. Mientras dure la crisis lo menos que habría que hacer es parar la baja de las retenciones a la soja”, señaló el gobernador. Si bien reconoció que es su impresión personal, añadió que “es otro tema que estamos discutiendo dentro de la UCR y Cambiemos”, con lo que volvió a contrastar la decisión presidencial.
El titular del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también es partidario de la medida. Ernesto Sanz, fundador de Cambiemos, también la alienta; en el PRO resisten incluso la sugerencia del FMI, que también contempla detener la baja de derechos de exportación a los granos para afrontar la crisis financiera.
Salario mínimo
El gobierno nacional convocaría al Consejo del Salario para establecer el nuevo mínimo. ería en la segunda semana de agosto y hasta allí llevaría una propuesta para actualizar el piso en un 25 % (alcanzaría unos $ 12.500), en línea con la nueva pauta salarial propuesta desde el oficialismo. La directiva de la CGT llevará un reclamo más en línea con la inflación esperada para este año, que no bajaría del 30 %. La formalización del llamado a la mesa será publicada en el Boletín Oficial. Como en los últimos años, el órgano será encabezado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y sumará representantes de la CGT, CTA y cámaras empresarias.
Empleados públicos
En 2015, el último año de la administración anterior, la cantidad de empleados del sector público nacional se incrementó en casi 33.000 personas. Y dos años después la cantidad de empleados seguía por encima de la de 2014. El año pasado la cantidad de empleados del sector público nacional (que incluye a los ministerios, la Justicia, las Fuerzas Armadas, las empresas públicas, las universidades nacionales y otros entes) bajó un 3%. En 2015 había aumentado un 4,6% y en 2016 ya había bajado un 0,2%. El objetivo del Gobierno es avanzar hacia un Estado “que sirva a los ciudadanos y ofrezca a sus empleados una carrera pública basada en la formación, el mérito y el cumplimiento de metas”.
