En una reunión que no fue anunciada por la Casa Gris, hablaron del impacto económico de las medidas nacionales y del proyecto constitucional.
Para buscar algún reparo ante las malas noticias económicas y sociales que ya son tendencia y que impactan cada día con más intensidad sobre la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz se reunió ayer durante una hora con el jefe de gabinete, Marcos Peña, en la Casa Rosada. El encuentro se dio como una segunda etapa de un almuerzo previo que habían tenido hace algunas semanas. Se habló sobre “el impacto económico en los próximos meses en Santa Fe” y de un tema permanente en la relación de la Casa Rosada con la provincia: la deuda histórica por coparticipación federal. Además, Peña le pidió al gobernador que “saque”, a través de la intervención de la Legislatura provincial, la homologación en Santa Fe de la ley nacional de ART que el año pasado sancionó el Parlamento nacional. También Peña pidió que Santa Fe implemente los bitrenes, un sistema de transporte de carga por camión que podría optimizar en parte el siempre problemático transporte de cereales en la provincia.
Extraño silencio
Con todo, el encuentro que insólitamente no fue anunciado, ni confirmado, ni desmentido por el gobierno de Santa Fe, tuvo, sin embargo, un capítulo para el tema que desvela al gobernador Lifschitz: su proyecto de reforma constitucional en Santa Fe, que no encuentra apoyos y todo indica terminará disolviéndose como cenizas de un expediente quemado en las próximas semanas.
¿Fue Lifschitz hasta Balcarce 50 a jugarse la última carta buscando el apoyo que la provincia no le otorga para intentar la reelección en 2019? El sigilo pretendido con la reunión en la Casa Rosada, rápidamente derribado por fuentes del oficialismo nacional (de Buenos Aires y de Santa Fe) que hablaron con LaCapital, puso en evidencia la jugada al límite del gobernador. Varios de sus colaboradores de primera línea ayer por la tarde desconocían la actividad que había tenido el jefe de la Casa Gris por la mañana en Buenos Aires.
La pretensión de un apoyo decisivo del gobierno nacional para juntar los votos de (al menos) la decena de legisladores provinciales de Cambiemos a favor de la reforma se volvió abstracto “porque eso sólo podría suceder en el marco de un acuerdo nacional más importante”, confiaron a LaCapital las fuentes oficiales. “Y no sucedió”. Se entiende: para que la Casa Rosada empuje a toda la fuerza amarilla de Santa Fe a favor de la pretendida reforma (una fuerza que incluso sin el aporte de algunos peronistas sería insuficiente), siempre según fuentes de Cambiemos, necesita más pruebas de amor del gobernador que las ofrecidas hasta la fecha.
Fondo sojero
Mientras tanto, la cuestión “fondo sojero” va juntando rechazos y suma volumen político. Hoy se prevé una reunión de decenas de intendentes de la provincia que verán deterioradas sus frágiles economías a propósito del recorte de ingresos. Al cierre de esta edición no estaba confirmada para hoy la presencia de Lifschitz a la cabeza de ese reclamo. Es parte del enigma que mantuvo el gobernador en su relación con la Nación en la reunión de ayer.
Con relación a ese “fondo sojero”, la senadora nacional María de la Angeles Sacnun le envió ayer una carta al gobernador socialista donde le reclama “se ponga al frente de la presentación de un recurso de amparo para pedir la derogación del decreto”. En contacto con LaCapital, la legisladora anunció que propicia “un gran acuerdo provincial para derogar el decreto” y se mostró “a disposición para sumar esfuerzos” y así evitar “que municipios y comunas entren en situación de colapso y paralicen las obras que están llevando a cabo” con los fondos que fueron instituidos hace casi una década, más precisamente en el año 2009.
Sacnun ofreció a Lifschitz para trabajar conjuntamente desde el aspecto legal, administrativo y jurídico, buscando la derogación del decreto en los términos de la ley 26.122, que impide el avasallamiento de los derechos de las provincias”, concluyó la senadora