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En sintonía con las expectativas del mercado, la inflación cortó en julio una racha de tres meses consecutivos en desaceleración y marcó un 2,1%. Para los expertos, el índice de precios volvería a retomar un leve camino descendente —más lento que el previsto por el Gobierno— desde agosto, el mes en el que se había prometido oficialmente que comenzaría con un cero adelante.
En lo que va del año, el aumento de los precios acumuló 19,3%, mientras que en los últimos doce meses sumó 22,8%, según informó el Indec. La inflación núcleo -que no contempla precios estacionales ni regulados- fue de 1,8%, dos décimas por encima de lo que había relevado el organismo en junio.
El dato, pese al impasse en la tendencia bajista, no deja de ser una buena noticia para la gestión libertaria si se tiene en cuenta que el viernes pasado se había informado una suba de precios en la Ciudad de Buenos Aires del 2,9%, hecho que encendió las alarmas en el Gobierno y también en el mercado.
Quienes participaron del Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central (BCRA) esperaban para el séptimo mes del año una inflación de 2%. El llamado Top-10 (los mejores pronosticadores) proyectó un 1,9%; esto quiere decir un avance similar al que habían mostrado los precios en junio.
Desde finales de 2025 y en el primer trimestre del año, los precios se aceleraron hasta tocar un techo en marzo pasado (3,4%). Para el Ministerio de Economía, tal aceleración se debió directamente a la volatilidad cambiaria producto del resultado eleccionario de septiembre en la provincia de Buenos Aires y a los reveses que sufrió el oficialismo en el Congreso.
Otros economistas creen que además impactaron el desarme desordenado de las LEFI y la decisión oficial de no acumular reservas, hecho que se revirtió a fines del año pasado con cambios monetarios y cambiarios.
Desde el pico de marzo, la inflación desaceleró en abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio, cuando perforó el piso del 2%: registró entonces un 1,9%. Todavía con ajustes de precios relativos por hacer (aumentos de tarifas de los servicios públicos) y altas estacionalidades típicas durante el año, para la mayoría de consultoras económicas y bancos, la inflación no llegaría a 0% en agosto (estiman un 1,8%), como prometió el Gobierno, y se mantendría levemente por debajo del 2% mensual hasta enero del año que viene.
La inflación en 2026, según el consenso de los analistas privados, rondaría el 29,8%, apenas por debajo de la registrada en 2025 (31,5%). El presupuesto enviado por el equipo técnico en el Ministerio de Economía la había calculado en 10,1% a fin de año. Pese a la poca baja que registraría este año en comparación con 2025, vale recordar que el último kirchnerismo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner cerraron 2023 con la mayor inflación (211,4%) en más de tres décadas y el acumulado de su gobierno con más de 1000%.
“Venimos muy bien”, dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Mencionó que a Chile le llevó una década bajar la inflación a un dígito. Luego cuestionó al kirchnerismo: “De ese modelo, en el que creció la inflación y la pobreza, es del que queremos salir”.
“La publicación del IPC de julio de 2026 nos encuentra frente a una situación crítica a nivel social”, cuestionaron hoy los trabajadores de ATE Indec en un comunicado, quienes criticaron el ajuste de los trabajadores del Estado.
“Con la prohibición de actualización del IPC, el Gobierno busca maquillar esta situación. Los servicios y el transporte aumentan fuertemente mes a mes. La quita de ‘beneficios’ como el descuento que existía en el segundo medio de transporte encarece especialmente el costo de vida de aquellos trabajadores que viven en la periferia, lo mismo que los cambios en la tarifa social. Aun así, desde octubre de 2025 la inflación interanual viene creciendo y desde ese momento los salarios de quienes trabajan en el sector privado también están cayendo. Esto redunda en un aumento de la informalidad y la precariedad laboral”, cuestionaron los trabajadores de ATE ante la salida del IPC.
“No puede haber estadísticas públicas de calidad si quienes las producen trabajan con salarios deteriorados, contratos precarios e inestabilidad laboral. Pero también defendemos algo que es patrimonio de toda la sociedad: un Indec independiente de los gobiernos de turno, con autarquía administrativa y autonomía presupuestaria, capacidad técnica y recursos suficientes para producir estadísticas públicas confiables”, señalaron y cerraron: “No alcanza con hablar de ‘blindar’ al Indec. La independencia estadística se demuestra en los hechos: las decisiones técnicas deben responder exclusivamente a criterios profesionales y científicos para mejor medir la realidad, sin especulación ni conveniencia política. La actualización de la estadística no puede quedar subordinada a los tiempos políticos de ningún gobierno”.
A comienzos de este año, el Gobierno frenó una actualización del IPC en base a la última encuesta de gastos de los hogares que estaba programada, lo que derivó en la renuncia de Marco Lavagna, entonces director del Indec. El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo en su último reporte del staff que la metodología del número oficial de inflación está desactualizada, que la actual canasta de consumo es menos representativa y que es necesaria una nueva ley para regular el marco normativo del organismo estadístico.
