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El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Justicia un descargo para justificar la evolución de su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa sostuvo que las compras de bienes y los gastos familiares pueden explicarse con ahorros, ingresos declarados y préstamos.
La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, antes del vencimiento del plazo para responder un cuestionario de 20 puntos del fiscal federal Gerardo Pollicita. La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
En el escrito, Ledesma afirmó que se demostrará que la evolución patrimonial de Adorni entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 tiene un «sustento razonable y verificable». Para respaldar esa posición, invocó documentación contable y técnica acompañada al expediente y otras pruebas que serán incorporadas.
Uno de los ejes del requerimiento fiscal es el origen de los dólares en efectivo declarados: US$565.000 al inicio de 2023, US$513.000 al cierre de ese año y US$388.961,52 al finalizar 2024, según las declaraciones juradas rectificativas citadas. La fiscalía pidió identificar qué activos fueron vendidos para obtener esos fondos, las fechas, los compradores y la documentación de respaldo.
En distintas respuestas, la defensa atribuyó el dinero utilizado para compras, refacciones y consumos a los ahorros detallados en el primer punto de su presentación.
Respecto de los criptoactivos, el abogado citó un informe técnico sobre ocho direcciones de Bitcoin que registraron actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Con ese elemento sostuvo que la operatoria de Adorni era anterior a la apertura de sus cuentas en Binance, Buenbit y Lemon, entre 2020 y 2022. También señaló dificultades para reconstruir registros de antiguas compras entre particulares y en efectivo.
Sobre la propiedad del country Indio Cuá, Ledesma aseguró que la compra por US$120.000 se financió con un préstamo de US$100.000 garantizado con una hipoteca sobre el inmueble de la calle Asamblea y otros US$20.000 en efectivo que estaban bajo custodia de Bettina Angeletti, esposa del exfuncionario.
El abogado indicó que las rectificaciones presentadas el 10 de junio de 2026 distribuyeron por mitades el inmueble y la deuda hipotecaria entre ambos cónyuges. Agregó que la tasa de ingreso al country, de US$5.000, fue incluida en el detalle del flujo de fondos.
La defensa también cuestionó el monto atribuido a las remodelaciones de esa vivienda. Mientras el requerimiento fiscal menciona US$245.000 pagados al contratista Matías Tabar, Ledesma sostuvo que las erogaciones fueron menores y que se cubrieron con ahorros de Adorni. Afirmó que el análisis de la información extraída del teléfono del contratista y de sus recibos y presupuestos respalda esa diferencia.
En cuanto al departamento de la calle Miró, en Caballito, el descargo atribuyó a esos ahorros los US$30.000 abonados en efectivo en la operación de compra, escriturada el 24 de noviembre de 2025, y el dinero destinado a los muebles adquiridos a Tabar.
Para explicar las mejoras de ese inmueble, Ledesma se remitió al testimonio de Pablo Feijoo, quien estimó las refacciones entre US$30.000 y US$40.000. Además, indicó que Adorni asumió una obligación de pago de US$62.500 con Feijoo. Según la defensa, esa suma explica la diferencia de $92.625.000 entre las valuaciones declaradas por los cónyuges y fue asentada como activo y pasivo en la declaración del exfuncionario.
Otro punto fue la adquisición de un Jeep Compass. El abogado sostuvo que se concretó en 2024 mediante una permuta por un Renault Captur que el matrimonio había comprado en 2021. La operación quedó documentada con una factura de $18.300.000.
Como desembolsos asociados al cambio de vehículo, detalló dos transferencias de $1 millón cada una desde cuentas del matrimonio y un pago con tarjeta en seis cuotas de $200.000. También negó que Adorni o Angeletti hubieran comprado otro automóvil no declarado en 2026: sobre una factura de la concesionaria por más de $4 millones, aseguró que no fue recibida ni pagada.
La presentación defendió, además, los préstamos familiares atribuidos a Sylvia Pais, madre de Adorni, y a Norma Zuccolo. Ledesma afirmó que ambos estaban documentados y declarados ante el organismo recaudador, y sostuvo que, en el caso del préstamo entre madre e hijo, la falta de formalidades adicionales no constituye por sí misma una irregularidad.
