Claudio Bonadio: “Néstor y Cristina Kirchner comandaron una organización delictiva”

Un informe del juzgado de Claudio Bonadio publicado el viernes a la noche por el Centro de Información Judicial (CIJ) sostiene que “durante un lapso cercano a los ocho años” funcionó “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández)”.

El informe detalla todo lo secuestrado hasta ahora en los distintos allanamientos: más de 250 obras pictóricas en posesión de dos imputados valuadas en aproximadamente 37 millones de pesos y $ 4.500.000. Y también dinero en efectivo por más de 6.350.000 pesos, más de 1.245.000 dólares y más de 235.000 euros. También pesos chilenos, uruguayos y reales. Nueve armas de fuego, celulares y varios autos de diferentes marcas y modelos, “muchos de ellos de alta gama”.

El informe recuerda que la causa se inició a raíz de “anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Bernardo Centeno –chofer de Julio Miguel De Vido y de Roberto Baratta–, todo lo cual da cuenta de la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.

Y agrega que después de distintas medidas de prueba, “se obtuvieron indicios que ‘prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años –cuanto menos–, Roberto Baratta (Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (Secretario privado del anterior), Hernán Camilo Gomez (funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de la firma “Energía Argentina S.A. –”ENARSA”–), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.

Enseguida sostiene que “a partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios, tales como José María Olazagasti (Secretario privado de Julio Miguel De Vido), Hugo Martín Larraburu (Coordinador de la Unidad Ministro del Jefe de Gabinete de Ministros), Juan Manuel Abal Medina (Jefe de Gabinete de Ministros) y Héctor Daniel Muñoz (Secretario privado de la Presidencia de la Nación), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido”.

También resume que en la causa, que cuenta al día de la fecha con 32 cuerpos de actuaciones, se practicaron 70 allanamientos (36 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 24 en la provincia de Buenos Aires, 7 en la provincia de Misiones, 2 en la provincia de Santa Cruz y 1 en la provincia de Mendoza), “habiéndose concretado sobre oficinas de empresas a nivel nacional e internacional, como también sobre los domicilios de los ex funcionarios públicos involucrados en la investigación”.

Y agrega que se recibieron en total 52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado “la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsitiendo 2 personas con orden de captura”. Los prófugos son Oscar Thomas y Hernán del Río.

Dentro de las personas imputadas, 17 declararon en calidad de arrepentidos, y en 15 casos fueron homologados en forma positiva