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Luego de demoras y reiterados reclamos, la Justicia recibió un informe del Banco Galicia que confirma la disponibilidad de más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner.
Se trata de fondos que fueron congelados hace más de diez años, durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces, y que ahora los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclaman en el marco de la causa Vialidad.
En ese expediente, Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y se desarrolla un proceso de decomiso orientado a recuperar más de $684.000 millones.
Detalle de los fondos
El dinero se compone de:
–4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad.
–1.032.144 dólares y 53.280 pesos depositados en dos cajas de ahorro.
Fue embargado en 2016 por el juez Julián Ercolini. Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída en la causa Hotesur-Los Sauces, la Justicia mantuvo la medida cautelar al considerar que el origen de esos fondos aún se encontraba bajo sospecha.
Segundo listado de bienes para el decomiso
Los más de cinco millones de dólares integran un segundo bloque de bienes que el Tribunal Oral Federal 2 tiene bajo análisis. Ese listado incluye también 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.
Un primer grupo de 111 inmuebles (84 vinculados a Báez, 19 de Máximo y Florencia Kirchner, y uno de la expresidenta) ya tiene orden de decomiso confirmada por la Cámara Federal de Casación. Las defensas presentaron quejas ante la Corte Suprema, que aún debe resolver sobre la ejecución de algunos de esos bienes.
La Corte ya dejó firme el monto total a recuperar —$684.990 millones—, aunque no se descarta una nueva actualización por el efecto de la inflación. Además, el máximo tribunal debe definir si alguno de los inmuebles del primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial.
Posible conflicto entre causas
El Tribunal Oral Federal 5, que interviene en Hotesur-Los Sauces, podría plantear reparos a que desde Vialidad se disponga de ese dinero, dado que los dólares permanecen cautelados en el otro expediente y podrían resultar de interés para ese proceso.
El decomiso constituye la última etapa pendiente de ejecución de la condena por Vialidad, dictada en 2022 y confirmada por la Corte Suprema.
Ninguno de los condenados aportó voluntariamente el monto intimado, por lo que el tribunal avanzó sobre los bienes que, según la Justicia, fueron producto del delito.
