La Justicia lo ratificó por las maniobras con los alquileres de su inmobiliaria. Incluye también a Lázaro Báez y Cristóbal López.
La Cámara de Casación Penal Federal confirmó ayer el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández por asociación ilícita y lavado de dinero en carácter de jefa junto a su hijo Máximo Kirchner, en la causa Los Sauces. Además, su hija Florencia Kirchner fue considerada coautora de dichos delitos.
La confirmación del máximo tribunal penal también alcanzó a los empresarios y principales inquilinos de la inmobiliaria, Lázaro Báez y Cristóbal López. Al llamado zar del juego y su socio Fabián de Sousa les agravaron sus acusaciones, incorporándoles el lavado de activos.
Los delitos atribuidos a la senadora nacional son asociación ilícita en calidad de jefe y lavado de activos en calidad de coautora. Además, se planteó la admisión de dádivas en carácter de coautora, según indica la resolución. En cambio, fue desestimada la acusación por negociaciones incompatibles.
La causa se inició con una denuncia de la ex diputada nacional Margarita Stolbizer y estuvo en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo.
Durante la investigación se corroboró que la inmobiliaria Los Sauces, creada en 2006, no habría tenido nunca la intención de funcionar comercialmente sino la de dedicarse “al cobro de retornos”.
“No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Angel Díaz, jardinero de la casa de la ex presidenta”, indica la resolución.
El 30 de noviembre pasado la sala de la Cámara Federal porteña integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero confirmó las acusaciones y determinó que se trató de “supuestos alquileres de inmuebles” para dar “apariencia “lícita” a operaciones comerciales “para que Báez pudiera ingresar al patrimonio de la familia Kirchner parte del dinero ilícitamente obtenido” a través de la defraudación en la obra pública.
Por eso, para la Justicia los alquileres y otras operaciones que son parte de la causa (compra-venta de propiedades y construcción de inmuebles, por ejemplo) “cobran distintos alcances y significación frente a un obrar delictivo previo y concomitante” que se constituye como “un claro indicador de generación de dinero ilícito” y de la necesidad de que parte de esos fondos “fuera transferida al patrimonio de los ex presidentes (Cristina y Néstor Kirchner)”.
Ahora, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana María Figueroa siguieron ese criterio: rechazaron el reclamo de la defensa de la ex mandataria y confirmaron la acusación de Bonadio, que sostenía que todo “fue pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo”.
La acusación agregaba que los tres, junto a Florencia después de 2010, se convirtieron en “jefes de una banda” (figura que ahora exime a la hija de Cristina) que “impartían las directivas de la organización delictiva” para percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita”.
Como piezas clave de las operaciones están los principales inquilinos: Báez (junto a tres de sus hijos), López y De Sousa.
El expediente tenía 18 personas procesadas y ahora se confirmaron esas medidas sobre Cristina y sus hijos, Báez y sus tres hijos, López, el contador Víctor Manzanares (a quien habían ratificado su prisión preventiva) Osvaldo Sanfelice y Romina Mercado (sobrina de la ex presidenta), entre otros.