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El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como «Super-RIGI», una iniciativa orientada a promover desembolsos de gran escala en actividades económicas nuevas y de alto impacto tecnológico.
El texto, remitido a la Cámara de Diputados, fija un piso mínimo de inversión de US$1.000 millones por proyecto y apunta a sectores que actualmente «no cuenten con desarrollo en el país». Según los fundamentos del Ejecutivo, el objetivo es promover el desarrollo económico, aumentar las exportaciones de bienes y servicios, generar empleo y fortalecer cadenas productivas locales vinculadas a los nuevos proyectos.
La gestión de Javier Milei sostuvo que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) vigente fue «un primer paso», pero planteó la necesidad de avanzar con un instrumento «superador», destinado exclusivamente a nuevas industrias y actividades de mayor impacto tecnológico.
El proyecto establece que las inversiones deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU) y exige ejecutar al menos el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años desde la adhesión al régimen. El plazo para presentar iniciativas será de cinco años desde la reglamentación de la ley, con la posibilidad de una prórroga por un año más.
Entre los puntos centrales, el Súper-RIGI garantiza 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. Además, prevé que eventuales controversias entre el Estado y los inversores puedan someterse a arbitraje internacional.
En materia impositiva, el proyecto contempla una alícuota del 15% en el impuesto a las ganancias, por debajo del 25% previsto en el RIGI vigente. También establece un esquema de amortización acelerada: 60% durante el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes.
La iniciativa permite, además, deducir quebrantos sin límite temporal y reduce la carga sobre dividendos y utilidades al 3,5% luego de cuatro años desde la adhesión al régimen. En el caso de las contribuciones patronales, fija una alícuota única del 10% sobre los salarios de los trabajadores incorporados después del ingreso al Super-RIGI, aunque mantiene como obligatorio el aporte al Fondo de Asistencia Laboral.
El proyecto también incluye beneficios aduaneros y cambiarios. Entre ellos, exime del pago de derechos de importación y exportación a los bienes vinculados con los proyectos y a los productos exportados bajo el régimen.
A su vez, habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% desde el primer año de la primera exportación, 40% desde el segundo año y 100% a partir del tercero.
