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La mayor resistencia la expresa el peronismo dialoguista, que se escuda en la desconfianza de la CGT frente a la propuesta de la Casa Rosada.
El Senado nacional no activará en lo inmediato el debate de los tres proyectos de ley de reforma laboral que impulsa el oficialismo debido a la resistencia a discutirlos del interbloque Argentina Federal, compuesto por peronistas dialoguistas, que se apoyan en los dichos de un sector de la CGT que mira la iniciativa con desconfianza.
Aunque en el oficialismo pretenden convocar a la comisión de Salud (que preside el radical Mario Fiad) para comenzar a discutir el proyecto que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), no hay señales de que las otras dos iniciativas vayan a ser puestas a consideración de los legisladores.
Se trata de los proyectos para combatir el trabajo en negro y para favorecer la inserción de los jóvenes en el sistema laboral mediante pasantías.
Los tres proyectos fueron presentados a fines de abril pasado por el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, con el respaldo de la Casa Rosada.
En el peronismo, el jefe del bloque de senadores, Miguel Angel Pichetto, advirtió varias veces que, sin el apoyo de la CGT (que todavía debe definir su división interna), ningún proyecto de índole laboral pasará con éxito por el Congreso.
Ya lo había adelantado el rionegrino a fines del año pasado, luego de que la central obrera no unificara su posición sobre proyectos de similares características presentados por el Ejecutivo y que fueron la antesala de la discusión de la ley de reforma jubilatoria.
“No vamos a tratar ningún proyecto que perjudique el mundo del trabajo. Si es una ley de blanqueo, no tienen por qué poner una modificación en las indemnizaciones. Es querer usar el blanqueo para flexibilizar los despidos. De ningún modo vamos a tratar eso”, dijo el rionegrino el viernes.
En tanto, la CGT emitió un comunicado argumentando que “las modificaciones a la legislación laboral atentan contra los derechos individuales de los trabajadores y disminuyen las indemnizaciones laborales”.
En realidad, la mayor resistencia, tanto en el peronismo como en el sector sindical, está vinculada con uno solo de los tres proyectos: el de blanqueo.
Si bien la regularización de los trabajadores en negro es algo que la oposición ve con buenos ojos, se cuestiona duramente el capítulo que deja afuera de la indemnización al aguinaldo, premios, bonos y otros beneficios.
El proyecto de regularización del empleo no registrado, la lucha contra la evasión en la seguridad social, la registración laboral y la creación del fondo de cese sectorial pretende lograr un blanqueo con beneficios a quienes normalicen esa situación.
Según la iniciativa, quienes cumplan con la ley deberán hacerlo dentro del plazo de 360 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del proyecto y podrían tener condonaciones de multas de hasta el 100 por ciento.
También se crea un Fondo de Cese Laboral Sectorial para sustituir la cobertura en materia de preaviso y despido sin causa del trabajador.
En el caso de las indemnizaciones por antigüedad, el tope no podrá perjudicar al empleador en más de un 33 por ciento.
Paralelamente, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Formación Laboral Continua también incluye las prácticas formativas y la creación de la Red Federal de Servicios de Empleo y del Seguro de Desempleo Ampliado.
Las prácticas formativas, o pasantías, están destinadas a los estudiantes mayores de 18 años para que inicien su carrera laboral en empresas privadas o instituciones públicas.
La Red Federal de Servicios de Empleo, por su parte, pretende agilizar la búsqueda de trabajo, mientras que el Seguro de Desempleo Ampliado para desvinculados de “empresas de transformación productiva” está destinado a firmas con dificultades competitivas.
