A través de un reciente comunicado, la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) advirtió sobre “un cuadro extremadamente complejo donde muchas industrias en la provincia de Santa Fe están al borde del colapso productivo y ello requiere tomar medidas urgentes”.
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Frente a dicha situación, más allá de las medidas que deben tomarse a nivel macroeconómico en el orden nacional, la UISF solicitó implementar una serie de medidas en el orden provincial “para morigerar la desesperante situación”, entre ellas, la declaración de emergencia industrial provincial.
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“Se debe declarar la emergencia industrial provincial por 180 días, con un esquema de funcionamiento similar a la emergencia agropecuaria, donde se brinde asistencia financiera, incentivo productivo y asistencia impositiva, además de trabajar sobre el costo energético, el seguro ambiental y la industria del juicio laboral durante el periodo de emergencia”, afirmó la entidad.
El pedido, según afirmaron directivos de la UISF a UNO Santa Fe fue realizado durante una reunión realizada la semana pasada entre industriales y funcionarios del Ministerio de la Producción. Hasta el momento, no hubo respuesta respecto de la solicitud de la entidad, que también reclamará Fisfe en las próximas horas.
Asistencia financiera
Entre los instrumentos de crédito solicitados, la UISF requirió una tasa preferencial durante la emergencia del 29% para la línea de descuentos de cheques hasta 90 días; la implementación de una banca de desarrollo o de inversión productiva; y, negociar con la Nación las mismas líneas de asistencia financiera que otras provincias están recibiendo (Ej. FONDEP que asignó 2.000 millones a Buenos Aires).
Incentivos productivos
El pedido también contempla modificar el compre Santafesino para darle automática preferencia a las PyMes de la provincia en las compras del Estado cuando su oferta sea hasta un 5% mayor a la mejor oferta. Además, si la oferta fuera comprendida entre un 5% y un 10% por arriba de la mejor oferta y se tratara de una empresa radicada en la provincia, se solicitó al gobierno la posibilidad de igualar el mejor precio ofrecido.
Asistencia impositiva
En este punto se planteó refinanciar las deudas impositivas ya devengadas de las industrias con API a tasa preferencial por los 180 días de la emergencia; eliminar la aplicación de ingresos brutos a la energía eléctrica industrial consumida; invitar a los municipios a eliminar por lo menos un 50% de los distintos cargos, contribuciones, tasas, etc. que se aplican sobre los consumos de energía eléctrica industrial; refinanciar el 50% del impuesto a los ingresos brutos generado durante el periodo de la emergencia en 6 cuotas a pagar a partir de la finalización de la emergencia en un plan de pago establecido por API; restablecer planes caducos para las pymes que, aun queriendo cumplir, no pudieron hacerlo por las dificultades económicas; suspensión de embargos durante el periodo de la emergencia; invitar a los municipios a eliminar o por lo menos reducir en un 50% el Derecho Registro e Inspección en consonancia con el esfuerzo realizado por la provincia; y, devolución automática de los saldos a favor con API via web a partir del mes siguiente a la declaración jurada.
Costo energético
“Actualmente, además de los impuestos nacionales, se recargan una serie de tributos y adicionales a nivel provincial y municipal que aumentan desproporcionalmente con cada incremento de la tarifa eléctrica (fondos especiales, contribuciones municipales, tasas, alumbrado barrido y limpieza, etc.)”, advierte la UISF. Por dicho motivo, afirman que “la tarifa de energía industrial debería estar exenta de ingresos brutos y de todo otro tributo, tasa o contribución” y piden reducir la presión tributaria sobre las tarifas eléctricas.
A su vez, plantean establecer una tarifa de energía industrial diferenciada para las industrias radicadas en la provincia; que se establezca una moratoria por deudas de energía eléctrica con planes de pago a tasas razonables; y que se suspendan los cortes de servicio por 180 días.
Por último, la entidad solicitó también la creación de un fideicomiso provincial de seguro ambiental industrial que brinde cobertura de seguro real contra accidentes ambientales para el sector industrial; y la adhesión de la provincia a la nueva Ley de ART condicionada a la creación de las nuevas comisiones médicas, tal cual hicieron otras provincias.