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Se lo acusa de los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles. El exjefe de Gabinete anunció que apelará la medida. “Aborrezco la judicialización de la política”, sentenció
La causa se originó en mayo de 2024. Gira en torno a la adjudicación presuntamente irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales a empresarios vinculados con la pareja de la exfuncionaria Marta Soneira. Se trata de la exministra de Desarrollo Territorial y extitular del Instituto de Colonización de Chaco. La mujer también fue procesada.
Carbajal, exdiputado nacional de la UCR, avanzó en la denuncia que presentó en mayo de 2024 el actual gobernador Leandro Zdero a través de Ana María Canata, titular del Instituto de Tierras Fiscales. En el expediente interviene el fiscal Carlos Amad, que fue quien solicitó las medidas.
El detalle es que dos parcelas de 1.250 hectáreas cada una fueron adjudicadas en 2023 a Storti y Bessone. Además, una de 623 hectáreas y otra de 512 hectáreas fueron entregadas a Pochón.
Las sospechas de la investigación se centran en la posible existencia de informes de inspección idénticos elaborados el mismo día. También se analizan traslados y extravíos de documentación institucional clave. Además, existirían presuntos beneficios otorgados a empresas vinculadas con Cian, incluyendo subsidios y exenciones impositivas.
“Utilizan la Justicia como herramienta de persecución”
Tras la decisión de la Justicia Federal, el exmandatario chaqueño salió al cruce. “Hoy se conoció el procesamiento en la denominada causa de tierras. Como corresponde, será apelado”, anticipó.
“Hemos manifestado la nulidad de la acusación y la improcedencia del procesamiento”, señaló. Como razón para esto, puntualizó: “La adjudicación en venta de inmuebles rurales no supone transferencia de titularidad”. Luego, cuestionó el accionar de la Justicia Federal al remarcar: “Y lo más increíble es que funcionarios de rango inferior, con responsabilidad en el control, fueron sobreseídos”.
“Cada decreto que firma un gobernador atraviesa un procedimiento administrativo en el que intervienen organismos de control con jerarquía constitucional”, mencionó. Estas instancias intermedias son las encargadas de “verificar la legalidad de cada acto”. La normativa chaqueña exige que, al ser lotes de más de 300 has, debe haber un decreto rubricado por el gobernador.
La denuncia la presentó el actual gobernador Leandro Zdero en 2024“Pretender atribuir responsabilidad penal desconociendo ese sistema institucional resulta jurídicamente improcedente”, consignó.
Capitanich destacó: “Durante nuestra gestión impulsamos con orgullo una política de acceso a la tierra”. Esa acción pública “permitió avanzar en el desarrollo de más de 8.000 productores chaqueños que decidieron quedarse y apostar por la provincia”, resaltó.
“Resulta incongruente, inconsistente y temerario – razonó – pretender juzgar a un gobernador, en el ámbito de la Justicia Federal, por actos administrativos dictados en el ejercicio de sus competencias. Ello no solo plantea un serio cuestionamiento en materia de competencia, sino que además afecta principios esenciales del sistema federal consagrado por nuestra Constitución”, alegó.
Por último, expresó: “Aborrezco la judicialización de la política y la utilización de la Justicia como herramienta de persecución. Voy a defender mi actuación en cada instancia judicial con la misma convicción con la que siempre defendí los intereses del Chaco. Resulta llamativo que se pretendan criminalizar decisiones adoptadas por un gobernador en el ejercicio de sus funciones constitucionales”.
“¡En fin, más de lo mismo! Al final, la verdad siempre triunfa”, remató.
