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La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la reparación inmediata de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, al sur de Santa Fe, al considerar acreditado el grave deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.
En la resolución, el magistrado ordenó la «inmediata y urgente reparación integral» de las tres rutas con el objetivo de garantizar su «transitabilidad plena» y resguardar la seguridad de quienes circulan por esos corredores.
Uno de los puntos centrales del fallo se refiere a la ruta Nacional 33, donde el juez describió la existencia de «importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos», una situación que, según sostuvo, representa «un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios».
Además, remarcó que el propio organismo nacional reconoció el estado crítico de esa vía. Según consta en el expediente, autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad habían advertido que «el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención». Si bien se adjudicó una licitación para ejecutar trabajos de reparación, las obras quedaron paralizadas por falta de autorización de las partidas presupuestarias necesarias.
El fallo también cuestiona el estado de las rutas nacionales 7 y 8. Respecto de la primera, el magistrado consideró que las tareas de bacheo realizadas fueron insuficientes y que no quedó acreditado un mantenimiento sostenido en todo el tramo. En cuanto a la Ruta 8, señaló que la propia Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales de la concesionaria Corredores Viales S.A., sin que las deficiencias fueran corregidas de manera integral.
En ese marco, el juez rechazó el argumento de la empresa de que sus obligaciones no incluían la repavimentación y sostuvo que sí le correspondían tareas de mejora, reparación y mantenimiento.
Otro de los aspectos destacados de la sentencia es que responsabiliza al Estado nacional por encima de los cambios en el sistema de concesiones viales. El magistrado afirmó que la distribución interna de competencias no puede convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios y sostuvo que la eventual participación de concesionarias no exime al Estado de cumplir la orden judicial.
En los fundamentos, Cuello Murúa consideró que el deterioro de las rutas afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación, y sostuvo que el mal estado de las calzadas constituye un hecho «público y notorio» para quienes transitan habitualmente por esa región del sur santafesino.
Por ese motivo, ordenó que las obras sean ejecutadas por el Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, del organismo que eventualmente la reemplace o de las empresas concesionarias que correspondan, pero dejando en claro que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la sentencia sigue siendo del Gobierno nacional.
