LA CAPITAL
Perotti consiguió el aval en la Cámara alta, pero el Frente Progresista ya anticipó que sus diputados la rechazarán. Diferencias por montos de deuda
Un día después de su aprobación en el Senado, la ley de necesidad pública ingresó ayer formalmente a la Cámara de Diputados. Su tratamiento en este ámbito, como la discusión misma en torno a estos instrumentos de gobierno a los que se aferra Omar Perotti para darle impulso a su gestión, amenaza con seguir un largo derrotero. Es que las condiciones políticas no se han modificado desde diciembre, cuando arrancó este debate interminable. El Frente Progresista, que domina la Cámara baja provincial, ya adelantó que no aprobará lo que sancionó el jueves la Cámara alta, con el aval de la mayoría peronista.
“No se entiende lo que están haciendo. A estas alturas creo que a Perotti no le interesa que salga la ley”, dijo ayer a LaCapital el diputado Maximiliano Pullaro, titular de la bancada radical, que junto con los socialistas conformar el interbloque del Frente Progresista. Pablo Farías, jefe de ese espacio común, se expresó en el mismo sentido. “Esto ya se parece a un capricho”, adujo el legislador socialista, ex ministro de Gobierno de la gestión de Miguel Lifschitz.
El rezongo emitido a dúo está basado en la oferta, rechazada en el Senado, que hizo la bancada de la UCR autorizando al Ejecutivo provincial a endeudarse por 22 millones de pesos. Fue una contrapropuesta al pedido que hizo el oficialismo de hacerlo por alrededor de 33 mil millones de pesos, con posibilidades de extenderlo a más de 5 mil millones.
La discusión, a estas alturas, sobrepasa una mera cuestión contable. El gobierno de Perotti enfrenta por estos días un paro docente por disconformidad en la oferta salarial. El gremio de la Uocra se movilizó en protesta por la parálisis en la obra pública. A esto se le agrega un malestar ciudadano, con cacerolazos incluidos, por el estado de la seguridad pública.
Perotti y sus voceros gubernamentales aducen que este estado de situación obedece a un déficit heredado en las cuentas públicas de la anterior gestión. Sin la inyección de plata que posibilitaría la ley de necesidad pública (antes llamada de emergencia) no hay mucho margen para ofertas salariales generosas, ni obras impulsadas por el Estado. Tampoco patrulleros ni más policías que puedan garantizar un buen servicio de seguridad.
La oposición sostiene que este cuadro de crisis es una sobreactuación, una excusa. Dicen que no es verdad que el déficit público heredado sea inmanejable. Y que hay plata en la caja para hacer frente a los compromisos.
“Perotti quiere que, cuando no se le pague a un proveedor o se pare una obra pública, vengan y nos responsabilicen a nosotros. Que todo es culpa porque no sale la ley de emergencia”, apuntó Pullaro, y sentenció: “Creo, y lo dije desde el primer día, que al gobernador no le interesa que salga la ley”.
El ex ministro de Seguridad dijo que no es poco lo que le están ofreciendo. “Son 22 mil millones, más otros 7 mil para programas de salud, desarrollo social y seguridad”, agregó Pullaro.
“Hay plata, pero no la quieren usar. Están haciendo caja. Es la lógica del ministro (Walter) Agosto. Y es una cuestión ideológica, de un enfoque económico que atrasa. Nosotros creemos que hay unos 40 mil millones en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), por algo no nos contestan los pedidos de informes sobre eso que hicimos desde la Legislatura”, argumentó el diputado radical.
Farías siguió ese mismo razonamiento. “Es mentira que sin ley de necesidad la provincia no puede funcionar. Hay dinero. Le niegan a la gente cobrar como forma de presión para que salga una ley”, acusó.
Además del monto autorizado para tomar deuda, las divergencias también se enfocan en cuestiones institucionales. La oposición sostiene que la ley otorga poderes de excepción al Ejecutivo (lo llaman “superpoderes), como la atribución, entre otras cosas, de rescindir contratos unilateralmente o la de modificar conceptos presupuestarios por decreto.
La discusión entre oficialismo y oposición va, entonces, en círculos, sin posibilidad de encontrar una recta de entendimiento. Si no se abre otra instancia de negociación (y ninguna de las partes cede), la ley de necesidad pública que votó el jueves el Senado no pasará la barrera de Diputados cuando la trate. Si es que la trata.