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El gobernador mueve fichas en la calle y en las cárceles. Primeras victorias legislativas y lo que falta. El caso de la ley de narcomenudeo. Tensiones con el Poder Judicial. La promesa que no cumplió Massa y la causa común con los industriales
Tenemos escrito, semana por semana, qué vamos a hacer en los primeros seis meses”. El gobierno provincial cumplió al pie de la letra la hoja de ruta que se había trazado para la primera semana de gestión. El arranque soñado: sin contratiempos y con el gobernador Maximiliano Pullaro como protagonista excluyente de la agenda pública.
Traslados de presos, requisas, reinstalación de presos de altos perfil, medidas administrativas y cambios de nombres en la Policía y el Servicio Penitenciario. Los primeros éxitos legislativos, con el oficialismo votando en bloque y ordenado, y apoyos de bancadas de la oposición. Una batería de leyes de reformas en materia de seguridad y Justicia que la Casa Gris buscará aprobar a corto plazo. No más allá de la primera quincena de enero, sin que sea obstáculo la complejidad de algunas de ellas.
La semana inaugural incluyó encuentros con tres ministros nacionales en 48 horas. De yapa, Martín Lousteau ganó la presidencia de la UCR, lo que fortalece a los gobernadores de Juntos por el Cambio que, como Pullaro, prefieren poner distancia de la Casa Rosada, con perfil colaborativo, pero desde la oposición. Nada de cogobierno.
Cada uno de esos primeros pasos tuvo un cuidado acompañamiento comunicacional. En la medida que gobierna, Pullaro construye la imagen del gobernador de acción que aspira ser, caracterizado por capacidad de mando, resolutivo y determinado, dirigente de matriz socialdemócrata pero sobretodo líder de un proyecto de poder, liberado de ataduras ideológicas que le impidan abordar de forma pragmática la realidad con la que le toque operar.
A fondo desde el primer día
El primer día golpeó en las cárceles, porque hace rato que la Justicia y la política conocen que el grueso de la sangre que corre en las calles de Rosario se planifica rejas adentro, como repite el intendente Pablo Javkin. El gobierno de Omar Perotti no entendía qué tenía que hacer y se ahogó en su propia anomia. Pullaro sí tiene un plan y lo accionó en el primer minuto. Santa Fe acaba de entrar a una nueva dimensión en materia de seguridad, un camino en el que la sociedad y el gobierno tienen mucho para ganar, pero también para perder si fallase.
El plan del santafesino aborda a la vez los frentes carcelario, policial, judicial y normativo. Está acompañado de un diagnóstico, de decisión política y mayoría parlamentaria dispuesto a sustentarlo, como se verá en las próximas semanas.
Es importante no enredarse en cierta estética “a lo Bukele” (por el presidente salvadoreño) de ese plan, como los procedimientos filmados dentro de las cárceles, sino poner foco en los alcances y la ejecución de ese plan integral.
En esa línea, el jueves ingresó una docena de proyectos de ley con reformas sobre instituciones y asuntos de mucha complejidad que el gobierno quiere aprobados a muy corto plazo. Entre ellas un extenso pliego de modificaciones al Código Procesal Penal, la tercerización de la defensa penal en estudios jurídicos privados cuando fuera necesario, la habilitación de juicios por jurados, la regulación legal del acopio y generación de información en la órbita del Poder Ejecutivo para prevención e investigación de delitos, el control político de los gastos reservados de la Policía, la creación de una agencia para el seguimiento de quienes tienen medidas alternativas a la prisión, la reforma del Servicio Penitenciario y del Ministerio Público de la Acusación. A eso se suma la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para permitir la reformulación de la justicia civil y comercial, de Familia, Extracontractual, entre otros. Temas que hace años se discuten en la provincia de pronto germinan como flores.
Son proyectos en los que el gobierno trabaja hace meses, desde cuando aún no era tal, y representan la visión del gobernador y sus equipos sobre los déficits normativos y cómo corregirlos. Ahora le toca mover a la Legislatura, en especial a Unidos. La coalición oficialista controla ambas cámaras y tiene la doble tarea de allanar el camino a los planes del gobernador y a la vez enriquecer esas leyes, detectar situaciones inconvenientes, contraponer enfoques conceptuales si los hubiera e incorporar aportes.
Una de las leyes aprobadas en la semana inaugural –tal cual se reveló tres meses atrás en este espacio dominical que ocurriría–, es la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo. Increíble pero real: tras años de debate, Santa Fe la aprueba la misma semana que el gobernador de Buenos Aires anuncia que la dará de baja después de 18 años de vigencia en su provincia.
