Lula ante la encrucijada judicial de si va preso o permanece en libertad

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, principal favorito para las elecciones de octubre, podría ingresar a partir de hoy en prisión si el Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país, le deniega un recurso extraordinario contra su condena por corrupción. El recurso de “hábeas corpus preventivo” fue presentado en febrero por la defensa de Lula y el STF aceptó debatirlo a finales de marzo. De la decisión del tribunal, que genera una enorme expectativa en Brasil, dependerá si el ex mandatario, de 72 años, afronta lo que resta de su proceso judicial en libertad o en la cárcel. Un “hábeas corpus” preventivo es un instrumento jurídico que se usa para asegurar la libertad de una persona, incluso si esa persona no está presa todavía. El recurso se constituye como una garantía constitucional que se puede utilizar para evitar una reclusión considerada ilegal. En el caso de ser aceptado, el juez otorga un salvoconducto al solicitante. Si el STF acepta el “hábeas corpus”, Lula, quien ya fue condenado en segunda instancia por corrupción, podrá seguir apelando su condena en libertad. Pero si la Corte lo deniega, presumiblemente ingresará en prisión, pese a que aún le quedan recursos para presentar ante la Justicia en instancias superiores.

La decisión sobre un posible encarcelamiento dependerá del momento en que el tribunal de apelación que condenó a Lula en enero dé el caso definitivamente por cerrado en segunda instancia. Eso podría ocurrir en cualquier momento tras el fallo del STF. El 24 de enero, un tribunal de Porto Alegre condenó al líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) a más de 12 años de reclusión. La sentencia confirmó la condena en primera instancia de julio de 2017 por el caso conocido como “el tríplex de Guarujá”. De acuerdo con la sentencia del juez Sérgio Moro, de un tribunal de la ciudad de Curitiba, Lula es culpable de haber aceptado que la constructora OAS le renovara un departamento de tres pisos en el litoral de San Pablo a cambio de favorecer a la empresa en sus tratos con el gigante petrolero estatal Petrobras.

Después de la segunda instancia, al ex líder metalúrgico, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, le quedan todavía dos recursos extraordinarios para presentar: ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), y eventualmente ante el STF. En el caso de que el “hábeas corpus” sea denegado, Moro, quien está a cargo de los procesos del escándalo de corrupción política “Lava Jato” (“Lavado de autos”), podría ordenar el encarcelamiento de Lula. La reclusión no invalidaría, de todas formas, las potenciales apelaciones ante el STJ y el STF. Aunque la decisión sobre el “hábeas corpus” no afecta directamente a su posible candidatura en las elecciones presidenciales de octubre, el posible encarcelamiento de Lula amenaza con generar un terremoto político, ya que el ex líder obrero, quien lanzó su precandidatura por el PT, es actualmente favorito en los sondeos con hasta el 36 por ciento de los apoyos. La posible candidatura de Lula será juzgada aparte por el Tribunal Superior Electoral (TSE). La llamada ley de “Ficha Limpa” (“Expediente Limpio”) impide formalmente al ex presidente ser candidato debido a su condena. El tribunal electoral, sin embargo, debe emitir un fallo formal si el PT intenta inscribir oficialmente la candidatura de su líder, lo que no ocurriría hasta en agosto. La situación de Lula tiene en vilo a gran parte del país desde hace meses. En medio de la polarización existente respecto a su persona, se registraron varios episodios de violencia en las últimas semanas. El suceso más grave ocurrió el 27 de marzo, cuando la caravana que trasladaba a Lula por el Estado de Paraná, al sur de Brasil, fue atacada a tiros. El hecho provocó el repudio del presidente Michel Temer, quien llamó a “pacificar el país”.

Arropado por 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda, el propio Lula lanzó un mensaje a los magistrados el lunes desde Río de Janeiro, donde volvió a defender su inocencia frente a la persecución de las élites de la que afirma ser víctima. “Quiero que la Corte Suprema apenas haga justicia. No quiero ningún beneficio personal, solo quiero que haga justicia y señale qué crimen cometí”, lanzó durante un acto por la democracia al que también acudieron familiares de la concejala asesinada Marielle Franco.

El ayuno del fiscal

Del otro lado, el ex fiscal general Rodrigo Janot y el procurador de Lava Jato en Curitiba (sur), Deltan Dallagnol, se sumaron a una solicitud de al menos 5.000 integrantes de la Justicia para que la Corte Suprema no modifique su interpretación actual, lo que pondría a Lula tras las rejas. Dallagnol, que se define como “seguidor de Cristo”, anunció además una jornada de rezo y ayuno. “El miércoles es el día D de la lucha contra la corrupción para Lava Jato. Una derrota significará que la mayor parte de los corruptos de diferentes partidos, en todo el país, jamás serán responsabilizados, ni en Lava Jato ni más allá. El escenario no es bueno. Estaré en ayuno, en oración y apoyando al país”, escribió en Twitter el domingo. Su mensaje generó un torrente de apoyos y cuestionamientos.

En simultáneo, grupos de la sociedad civil, muy activos durante el impeachment que derrumbó el gobierno de izquierda de Dilma Rousseff en 2016, convocaron manifestaciones en todo el país en la víspera de la sesión del máximo tribunal. También los detractores de Lula llamaron a protestar.

¿Libre o preso? Lula defendió su inocencia y reclamó a la Corte Suprema que aplique justicia.