Por atrasos en planes nacionales, hay pacientes que ya llevan hasta 200 días sin medicación

 En el marco de un “severo deterioro de las políticas sociales nacionales”, una línea de subsidios especiales para personas vulnerables que requieren medicación de alto costo o una alimentación especial lleva atrasos de hasta 200 días. En ese lapso, y sólo por poner un par de ejemplos de Rosario, un paciente oncológico discontinuó su tratamiento de quimioterapia y una nena de 10 años con parálisis cerebral refractaria dejó de recibir el alimento que le sirve para “no convulsionar tanto”. Su mamá hace lo único que puede hacer: consiguió una “leche” (como llama familiarmente al Ketocal) que les quedó a “otras madres” y con esos restos, incluso vencidos, trata de alimentar a su hija. “Entre los trabajadores hay mucha depresión: hoy estamos para decirle a la gente que los programas están cortados”, se queja el delegado de ATE ante el Ministerio de Desarrollo Social, Marcelo Pucheta.

Según los trabajadores de la cartera, unos 30 pacientes al mes tramitan esas coberturas especiales en Rosario, cada vez más infructuosamente.

Todo indica que esas deficiencias con graves consecuencias obedecen al traspaso del programa desde el Ministerio de Desarrollo Social al de Salud, tal como apareció publicado en el Boletín Oficial. Sólo que esa transferencia se está concretando de forma muy desprolija o, como sospecha Pucheta, “a la ineficiencia se suma un claro objetivo de ajuste”

Según otro grupo de empleados del Centro de Referencia Rosario de Desarrollo Social (que prefirieron hablar como colectivo), las tramitaciones siguen haciéndose en esa cartera, incluso en Buenos Aires, porque ni siquiera se conoce qué funcionario de Salud se hará cargo.

Se los denomina Subsidios Especiales para la Salud y hasta ahora venían dependiendo de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de Desarrollo Social (Dadse).

El programa debería garantizar “la cobertura de medicaciones de alto costo y elementos de tecnología biomédica a personas en situación de vulnerabilidad social, que transitan una problemática de salud severa o crónica, y que no poseen cobertura de obra social, por lo que se referencian en centros de salud y hospitales públicos”, explicaron los trabajadores.

“Mi situación es grave, pero hay muchísima otra gente como yo, que espera una medicación para no morirse y no la está recibiendo”, contó ayer a LaCapital Jorge Borri (60), quien tiene un linfoma de Hodgkin entre las fases III y IV.

De ocho aplicaciones de quimioterapia que su médico le había prescripto, el hombre recibió cuatro el año pasado y luego comenzaron los atrasos. “Tuvimos que esperar y pelear durante ocho meses”, cuenta su esposa Estela, quien debió recurrir a la Defensoría del Pueblo y Fiscalía.

Las otras cuatro quimio se las hicieron en marzo y tras una evaluación de los efectos de esa nueva medicación que mostró “resultados muy positivos”, el médico hematólogo que lo atiende volvió a recetarle otras ocho sesiones, cuya autorización nuevamente entró en un limbo.

Borri cuenta que “los peros” son de lo más diversos. “Que falta una firma; que está aprobado, pero falta el proveedor… Siempre un verso distinto, un nuevo palo en la rueda… Siento que esperan a que me muera”, dice el paciente sin medias tintas.

Su temor es que los avances logrados por la quimioterapia retrocedan ante la interrupción del tratamiento. Se trata de nada menos que su vida.

“Yo entiendo la situación del país, pero no puedo creer la falta de sensibilidad del gobierno que decide hacer estos recortes ante situaciones tan graves que afectan a muchísima gente”, insiste.

De hecho, una de las empleadas del organismo recordó que “hace una semana en la ciudad falleció una paciente que tenía cáncer de pulmón y durante cuatro meses esperó su medicación en vano”, por lo que “encima murió con esa preocupación”.

Otro es el caso de Alejandra Gutiérrez, una nena de diez años que sufre una parálisis cerebral refractaria. Vive en silla de ruedas, suele necesitar oxígeno y requiere alimentarse con Ketocal 4.1 para reducir la incidencia de sus convulsiones.

Mónica, su mamá, cuenta que el último frasco lo recibió en octubre pasado. “Me duraba hasta febrero, así que hice el pedido pensando que en un mes, mes y medio, llegaría el nuevo, pero nunca más llegó”, dice.

A partir de entonces comenzó a realizar reclamos en la delegación local y telefónicamente a Buenos Aires. “Ahí me dijeron que no iba a estar antes de 115 días porque la solicitud estaba varada en la auditoría y habría que esperar a que se liberaran los pedidos”. Algo que hasta ahora no ocurrió.

“Sacá un crédito y comprálo”, fue el consejo. Mónica no puede: tiene otras dos hijas con graves cuadros de discapacidad.

“¿Cómo lo resolví? Pidiéndoles a otras madres que lo tenían y dejaron de usarlo. Hago lo que puedo: le doy leches vencidas”, admite la mujer, madre adoptiva de Alejandra y también de Brisa, otra nena de la misma edad con un cuadro muy semejante, a la que por su parte se le cortó el servicio de transporte especial (ver aparte), que depende del mismo ministerio.

En Desarrollo Social denuncian “recortes, cierres e irregularidad en las gestiones” de programas “dirigidos a sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad social”.

Los subsidios Especiales para la Salud no son los únicos. Afirman que también están “cerrados programas sociales en el área de economía social, asistencia directa a familias y organizaciones comunitarias”.