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El interbloque de diputados justicialistas de Santa Fe cuestionó el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el presidente Javier Milei al Congreso y advirtió por el impacto que, según su análisis, tendrá sobre los recursos destinados a la provincia.
Entre los principales puntos señalados aparecen un recorte real del 33,5% en los proyectos de inversión previstos para Santa Fe, la caída de las transferencias de capital para infraestructura, el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, la eliminación de fondos para el transporte del interior y distintas modificaciones en materia social.
El planteo fue formalizado mediante un proyecto de comunicación firmado por Walter Agosto, Celia Arena, Lucila De Ponti, Sonia Martorano, Verónica Baro Graf, Marcos Corach, Miguel Rabbia y Alejandra Rodenas.
Un recorte real del 33,5% para los proyectos de inversión
Uno de los ejes centrales del reclamo está puesto en las obras y proyectos de inversión previstos para Santa Fe durante 2027.
Según el análisis presentado por el diputado Walter Agosto, los recursos destinados a los proyectos de inversión en territorio santafesino registran una caída del 33,5% en términos reales respecto del período anterior y representan apenas el 2,3% del total de la inversión prevista para las provincias.
Agosto sostuvo además que Santa Fe se encuentra entre las cuatro jurisdicciones más perjudicadas por el esquema planteado y cuestionó que los 15 proyectos previstos para la provincia correspondan, en su mayoría, a obras de mantenimiento vial con presupuestos que, según su análisis, podrían limitar su impacto y sus tiempos de ejecución.
El planteo también incorpora la transferencia de 457 obras viales a provincias y municipios por un período de 20 años. Entre ellas se encuentra la AO12, que implica para Santa Fe asumir tareas de mantenimiento, conservación, rehabilitación y ejecución de nuevas obras, de acuerdo con los fundamentos del proyecto.
Caja de Jubilaciones, infraestructura y vivienda
Otro de los cuestionamientos está vinculado con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Según Agosto, el Presupuesto 2027 no contempla las diferencias que debería cubrir la Nación respecto del anticipo de $120.000 millones acordado con la provincia.
El legislador afirmó que el Gobierno nacional dejó de pagar ese anticipo apenas dos meses después de la firma del convenio. El reclamo se suma a la discusión que mantienen Nación y las provincias con sistemas previsionales propios por el financiamiento de sus cajas.
En materia de infraestructura, los diputados también cuestionaron que no aparezcan nominadas obras consideradas relevantes para el territorio, entre ellas la ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Granadero Baigorria.
El documento vincula esta situación con la disolución del ENOHSA, organismo que llevaba adelante obras de infraestructura hídrica, y con la eliminación de programas nacionales de vivienda.
En ese sentido, Agosto señaló que la función Vivienda contempla apenas $26.000 millones, equivalente al 0,01% del gasto total previsto en el proyecto nacional.
Otro de los datos destacados por el diputado corresponde a las transferencias de capital destinadas a las provincias para obras de infraestructura. Según su análisis del proyecto, para Santa Fe esta partida registra una caída real del 95% respecto de la ejecución de 2023.
Transporte y políticas sociales, en el centro del reclamo
El transporte también forma parte de los cuestionamientos. El interbloque justicialista recordó que el Fondo Compensador para el Transporte del Interior, vigente hasta 2023, fue eliminado en 2024 y no contempla una partida específica en el Presupuesto 2027.
En contraste, el análisis señala una previsión de $762.000 millones para el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante los fideicomisos SISTAU/SIFER.
Los diputados también cuestionaron distintos cambios previstos en materia social, particularmente en relación con las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
En ese punto, Agosto sostuvo que el proyecto modifica el régimen de acceso, establece el haber en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso, mientras deja parte de los requisitos sujetos a una futura reglamentación del Poder
