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CASTELLANOS
– El gobierno nacional y los directivos de Vicentin se cruzaron en duros términos en el marco del expediente judicial que lleva adelante el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, luego de que el subinterventor Luciano Zarich rechazara con fuertes críticas el fallo del magistrado que restituyó a los directivos el control de la agroexportadora, con profundos cuestionamientos a la conducción de la compañía.
Vicentin, por su parte, cuestionó el plan que presentó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que -según la empresa- introdujo «sospechas e imputaciones sumamente injuriantes e incluso algunas calumniosas sin aportar una sola prueba y sin haber formulado una sola denuncia».
Este nuevo cruce entre el Gobierno y la empresa se produjo en el marco del expediente que se inició el 10 de febrero pasado, cuando se abrió el concurso de acreedores de Vicentin, una causa que parece haber perdido el foco después de que el presidente Alberto Fernández firmara el DNU 522/20, que definió la intervención de la compañía, que enfrenta una deuda de 99.000 millones de pesos, con más de 2600 acreedores.
Desde ese momento, el concurso se vio afectado, porque el juez Lorenzini restituyó el 19 de junio pasado a los directivos de Vicentin y a su vez relegó a los interventores a simples veedores. Desde ese momento el expediente se empezó a nutrir de presentaciones judiciales para revocar o respaldar la decisión del magistrado.
La presentación que hizo Zarich el lunes pasado apuntó a rechazar y cuestionar el fallo del magistrado, que lo dictó dos días antes del banderazo que se convocó en Avellanada y se amplificó en varias ciudades del país, bajo el lema «hoy es Vicentin, mañana sos vos».
El subinterventor, que acompaña a Gabriel Delgado en esa función, reclamó el levantamiento de la medida «autosatisfactiva» que dictó Lorenzini y denunció la «incompetencia» del magistrado que «le otorga trámite a planteos de inconstitucionalidad del DNU o dispone medidas contra el Estado Nacional, en directa contradicción con la ley».
«El juez se declara incompetente para una inconstitucionalidad del DNU 522 y dicta una resolución que lo modifica. En términos llanos: no puede expedirse sobre la validez del decreto pero a su vez no lo aplica», señaló Zarich.
El funcionario cita un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación en el que se advierten -según el escrito- varias irregularidades. Afirma que «del relevamiento realizado por los auditores surge que hay una superposición de los patrimonios de las distintas sociedades, y agrega que «del endeudamiento denunciado por la concursada, el 60 por ciento se formó en el último año», por lo que «las causas de la cesación de pagos de la empresa son en extremo vagas.
Vicentin, contra el «plan Perotti»
A la par, la empresa Vicentin realizó una presentación en el juzgado de Lorenzini para opinar sobre la propuesta que hizo el gobierno santafesino a través de la Inspección General de Persona Jurídica, para que el juez avale una intervención mixta entre la Nación y la provincia, excluyendo la posibilidad de la expropiación.
A través de su apoderado, los directivos de Vicentin lanzaron duras críticas al papel que tiene en el concurso de acreedores la IGPJ de Santa Fe. Este organismo, de acuerdo al escrito de la empresa, «tiene total falta de legitimación para cuestionar por vía recursiva una resolución judicial dictada en un proceso donde no tuvo antes intervención alguna».
«Jamás pidió a la sociedad información o documentación vinculada con algunas de los cuestionamientos o sospechas que ahora parece tener respecto de la sociedad y sus directores», apunta el escrito.
«La IGPJ no fue parte de la intervención dispuesta por el DNU, no la pidió ni la ejecutó, por lo que la controversia judicial que fue decidida por la resolución del 19 de junio, le resulta absolutamente ajena», concluye la compañía.
