A menos de 10 días de irse, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a dos ex funcionarios macristas en la causa por los peajes

A mediados de junio, el juez había adelantado que “antes de que termine la cuarentena habrá novedades” en la causa que investiga presuntas irregularidades en la renovación de concesiones viales durante la gestión de Cambiemos y que se originó tras una denuncia del ex director de Contrainteligencia de la AFI y diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade.

En la causa también están citados a declarar el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y al ex titular de Transporte durante la presidencia de Mauricio Macri, Guillermo Dietrich​, que lo harán el próximo viernes.

El requerimiento de instrucción donde el fiscal Carlos Stornelli imputó a los ex funcionarios macristas era del 2019, pero Canicoba resolvió indagarlos hace poco más de una semana. Sin embargo, los ex funcionarios se negaron a declarar.

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La denuncia se formuló cuando la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones que depende del Banco Mundial (CIADI) en los que reclamaba fondos millonarios y en dólares “por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino”.

En el requerimiento se indicó que, por ejemplo, en Autopistas del Sol la anterior gestión negoció una extensión de la concesión hasta 2030 y un pago de USD 499 millones en concepto de “inversión efectuada no amortizada” a cambio de que Albertis S.A., la española controlante, “retire la demanda ante el tribunal internacional”. Albertis y Sideco (compañía de los Macri) fueron socias en la Panamericana hasta 2017.

Según la resolución a la que accedió Clarín, las conductas analizadas se realizaron en el contexto de los procedimientos de renegociación de contratos de concesiones públicas de obras y servicios pertenecientes al Estado Nacional, con las empresas Autopistas del Sol S.A y Grupo Concesionario Oeste S.A”. Entonces, Canicoba Corral sostuvo que ambos funcionarios “actuaron en dicho proceso, fueron parte de la ejecución de un complejo engranaje de maniobras diferentes, pero todas ellas destinadas a direccionar interesadamente la recontratación de las concesiones, favoreciendo a los grupos empresarios concesionarios, quebrando para ello la confianza depositada conforme la función pública que desempañaban y en palmario desmedro de las arcas del estado”.

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En este sentido, el juez sostuvo que “existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina entre ambos funcionarios, con otros intervinientes que con el avance del trámite serán imputados formalmente, y empresarios del ámbito privado, a raíz del cual aquellas empresas y terceros se vieron beneficiadas. Esto a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso”.

Según indicaron desde la defensa de Iguacel a Clarín, van a pedir la recusación del juez Canicoba Corral y la nulidad del procesamiento considerando que ni siquiera concluyó el proceso de indagatorias.

En la denuncia se expresó que las presuntas irregularidades “comenzaron el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Cambiemos en el poder. Ese día, Albertis presentó un reclamo por USD 1.100 millones. Esa demanda fue utilizada luego como argumento por el gobierno nacional para renegociar la concesión, que le costó su cargo en Vialidad Nacional a la abogada Julieta Ripolli, quien se opuso a avalar la prórroga del contrato y denunció públicamente las presuntas irregularidades”.

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Semanas atrás, Canicoba había dicho que “la investigación está avanzada y venía con un ritmo sostenido hasta que apareció la pandemia, lo que ralentizó los procedimientos, pero la causa siguió avanzando con diligencias en el exterior y antes de que termine la cuarentena habrá novedades importantes”.

En declaraciones radicales, el magistrado afirmó que “la imputación no llega a (el ex presidente Mauricio) Macri, pero hay una serie de funcionarios del gobierno anterior que sí están siendo investigados”.

AFG