Bono de 2.500 pesos para estatales

El ministro de Gobierno, Pablo Farías, anunció una reformulación de la política salarial establecida en paritarias para la administración central. Por un lado, dijo que se habilitará una revisión y eventual aplicación “intermedia” de la cláusula gatillo; por el otro, contó que se pagará en mayo por planilla complementaria un bono de 2.500 pesos para los agentes activos del sector. Según fundamentó, las medidas obedecen a los índices inflacionarios ya registrados y medidos oficialmente por el IPEC durante los primeros meses del año, y a una serie de pedidos formulados por los gremios -esencialmente UPCN- para que se estudiase el otorgamiento de una ayuda adicional.

En cuanto a la cláusula gatillo, Farías explicó que si el Indice de Precios al Consumidor de mayo -que se conocerá en junio- confirma que la inflación estuvo por encima del aumento otorgado en el primer escalón (del nueve por ciento, a partir de marzo), se adelantará a junio y julio la diferencia entre ese índice y el primer tramo del incremento. Ello redundará en un adelantamiento, también, del pago de la fracción correspondiente del segundo escalón del aumento previsto para agosto.

“De esta forma, en vez de tener dos aumentos uno en marzo y otro en agosto del 9% cada uno, lo que se hará es una distribución del aumento de agosto, con un adelantamiento del porcentaje en junio y julio, dependiendo de cuánto mida la inflación en mayo”, resumió el ministro.

Bono

En cuanto al bono de 2500 pesos que se pagará a agentes estatales, Farías aclaró que se extenderá a los activos de la administración central. El beneficio no alcanzará a los pasivos, ni a los empleados de los Poderes Legislativo y Judicial. Sí serían destinatarios los efectivos policiales.

“Se trata de un pago por única vez; una suma no bonificable y no remunerativa. El pago se realizará seguramente después del 20 de mayo, una vez que se hayan cancelado ya los salarios”, precisó. Y explicó que los docentes no están contemplados en el pago del bono, a raíz de la reformulación de la propuesta que se formalizó en la última paritaria del sector.

“Creemos que con esto se pueden paliar los efectos que está teniendo este desajuste inflacionario muy por encima de las previsiones iniciales”, dijo Farías. De todos modos, negó que pueda haber una reapertura de la discusión a mitad del año. “Esto es un reacomodamiento teniendo en cuenta el primer trimestre. Cuando nosotros hicimos la planificación de las propuestas salariales, teníamos un marco de previsiones que fueron superadas por la realidad. Que hoy ya tengamos un siete por ciento de inflación acumulada en el primer trimestre nos está indicando que estamos ante una situación de dificultad de reducción de esos porcentajes de inflación. Frente a ello, el gobernador puso en práctica la cláusula gatillo; lo planteamos hacia el final de la política salarial, cuando se completara el 18 %. Pero le realidad hoy nos lleva a hacer estos otros planteos”, comentó.

Polémica con Corral

Farías fue consultado sobre la decisión del intendente José Corral de absorber a través del municipio el costo del alumbrado público, que hoy los vecinos de la ciudad pagan a través de la boleta de la EPE.

“El intendente anunció que se retrotrae todo a la situación anterior, en la que los municipios y comunas cobraban tasas municipales y el municipio pagaba el servicio a la EPE. En ese momento se decidió cambiar el sistema y la empresa lo cobra hoy a cada usuario con un porcentaje establecido y estimado en cada factura. Lo que ahora se decide es volver al sistema anterior, con lo cual la municipalidad tendrá que volver a pagar directamente ese consumo a la EPE. Y no tenemos claro de qué manera va a recaudar esos recursos; le va a cobrar a los ciudadanos a través de una tasa o de qué manera se hará de esos recursos”, planteó.

Según dijo, dicha decisión demandaría una erogación del orden de los “70 millones de pesos anuales, en concepto de alumbrado público. De alguna manera -insistió Farías-, eso se tiene que pagar; si no es a través de un porcentaje que cada ciudadano aporta, tendrá que ser el municipio el que defina cómo se hace”.

El ministro recordó que cuando se cambió el sistema, precisamente, se advertía acerca de la dificultad operativa para que la EPE le pudiera cobrar a todos los municipios y comunas.

Sobre la misma polémica, Farías llamó la atención sobre el peso que tiene el IVA en la factura de los usuarios de la EPE, y que es un tributo nacional.

Sobre la misma base, dijo que es poco significativa la carga impositiva que tienen los santafesinos en concepto de impuestos provinciales.