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Abarca varias ciudades de los departamentos Rosario, San Lorenzo y Constitución, entre otros. La medida, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, es por la extrema sequía.
El Gobierno oficializó hoy la declaración de emergencia agropecuaria para departamentos de la provincia de Santa Fe por la “intensa sequía” que afecta a las explotaciones.
La medida, que es retroactiva, tendrá vigencia entre el 1 de febrero de 2018 hasta el 31 de julio de 2018, dice la Resolución 124/2018 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere.
Los beneficios fiscales serán para productores de Arminda, Ibarlucea, Alvear, General Lagos, Pueblo Esther y Pueblo Uranga, del Departamento Rosario; los distritos Luis Palacios y Fuentes, del Departamento San Lorenzo; los distritos Carrizales, Bustinza, Salto Grande y Totoras, del Departamento Iriondo; los distritos Godoy, Cepeda y Juan B. Molinas, del Departamento Constitución; y el distrito Helvecia, del Departamento Garay.
Asimismo, en Malabrigo, Reconquista, Berna, El Arazá, Nicanor Molina, Arroyo Ceibal, Avellaneda, El Rabón, El Sombrerito, Florencia, Guadalupe Norte, Ingeniero Chanourdie, La Sarita, Lanteri, Las Garzas, Las Toscas, Los Laureles, San Antonio Obligado, Tacuarendí, Villa Ana, Villa Guillermina y Villa Ocampo del Departamento General Obligado.
Están contemplados también Nelson, Cabal, Emilia, Arroyo Aguiar, Campo Andino, Laguna Paiva y Llambi Campbell del Departamento La Capital; Maciel, Pueblo de Irigoyen, Casalegno, Estación Díaz, Gessler y Monje del Departamento San Jerónimo.
La emergencia fue también para 9 de Julio, San Cristóbal, Las Colonias, Castellanos, San Justo y San Javier; también en Calchaquí, Margarita, La Gallareta, Cañada Ombú, Fortín Olmos, Garabato, Golondrina, Intiyaco, Los Amores, Tartagal, Toba y Vera, del Departamento Vera.
Para poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley NР 26.509 los productores damnificados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran en situación de emergencia o desastre.
