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Unas 3000 mil personas con discapacidad pueden ser privados de sus tratamientos: “su situación de vulnerabilidad no tiene margen para soportar zozobras en los servicios de salud que requieren” fundamentó Martínez.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves por unanimidad el proyecto presentado por Omar Martínez a través del cual manifiesta su preocupación ante la posibilidad de “que unas 3000 personas con discapacidad en toda la provincia sean privados de sus tratamientos por el atraso en los pagos del programa nacional ´Incluir Salud`” que desde hace cinco meses no les paga a los prestadores. Por tal motivo, solicita al Poder Ejecutivo provincial “que arbitre los medios necesarios para hacer llegar la disconformidad ante el gobierno nacional ante un nuevo ajuste en los más vulnerables”.
El Programa Nacional “Incluir salud” es un programa federal que ofrece cobertura medico asistencial, traslado de pacientes, servicios de rehabilitación, centro educativo terapéutico, hogar de día, prótesis, etc. a los beneficiarios de pensiones asistenciales, leyes especiales y pensiones graciables, estas personas con discapacidad son de condición humilde y no tiene obra social: “su situación de vulnerabilidad no tiene margen para soportar zozobras en los servicios de salud que requieren” fundamentó Martínez.
En Santa Fe, los beneficiarios del programa llegan a tres mil y reciben en total alrededor de 5600 prestaciones. “Los prestadores denuncian un atraso de cinco meses en el pago y esto hace insostenible la cobertura de los servicios y contemplan cortar todos los servicios”.
En diciembre pasado el programa quedó bajo la Órbita de la agencia Nacional de Discapacidad, creada tres meses antes en el ámbito de la vicepresidencia de la Nación.
El diputado Martínez resaltó que Incluir Salud “desde el punto de vista económico financiero siempre funcionó mal y el gobierno nacional prometió resolverlo. Pasaron dos años y medio y no se ha mejorado nada. El programa quedó en medio de diferentes modificaciones administrativas -continuó- y supuestos intentos de hacer más eficiente el programa, que paradójicamente complicaron más las cosas”.
El último periodo abonado (el 80%, no el total) fue el trimestre agosto/octubre 2017. A esto, hay que sumarle que existe una deuda de mayo 2017 debida a razones que se desconocen .
El gobierno Nacional parece tener una meta: achicar el gasto público como sea. Por eso los recortes llegaron también al área de la discapacidad” resaltó Martínez, a la vez que recordó “ya lo hizo con la baja de las pensiones a las personas con discapacidad. con el agravante de que se trata de beneficiarios absolutamente humildes, lo que a la discapacidad le suma mayor vulnerabilidad
Según los datos de la Superintendencia de Servicios de salud, en el país unas 45 mil personas dependen del programa
