Espionaje: el escándalo que impactó en la campaña, el Congreso y el juicio a la Corte

Luego de las vinculadas a la gestión de la pandemia, el trámite del pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la única medida del presidente Alberto Fernández que tuvo una vigencia tan extendida en el tiempo. Presentó el pedido en los primeros días de enero, en disconformidad con la cautelar a favor de CABA dispuesta por los magistrados en el marco de la disputa por la coparticipación. Y añadió también otro fallo de alto impacto: el que descartó la reformulación del Consejo de la Magistratura realizada durante la gestión kirchnerista a instancias de Cristina Fernández, y se volvió a la ley original, con más equilibrio entre sectores, sin poder de veto para el oficialismo y con el presidente de la Corte como titular del organismo. En el afán de dar sustento a la acusación de “mal desempeño”, luego se agregó también la sentencia que concedió el beneficio del 2×1 en el cómputo de prisión preventiva a represores, completando así una plataforma apoyada fundamentalmente en el desacuerdo con tres fallos del Alto Tribunal. Y que dio lugar a la circulación de datos, versiones, chats y reproducciones de escuchas de distinto tenor; la mayoría de ellas asociada a tareas de inteligencia de dudosa o inexistente legalidad.

El pedido de Fernández recibió el apoyo de solamente algunos de los gobernadores peronistas a los que le fue requerido, y no tuvo inicialmente respaldo (ni reconocimiento) de Cristina Fernández, ni de La Cámpora. Sin embargo, fue este sector el que, a lo largo de todo el año y con un ritmo de trabajo sin parangón en el ámbito parlamentario, llevó adelante maratónicas sesiones en las que se sucedieron discursos y debates encendidos, búsqueda y acumulación de datos sobre supuestas conductas irregulares de los magistrados y otros miembros del Poder Judicial (en muchos casos sobre temas distintos a los planteados originalmente), citaciones y comparecencias de testigos que sumaron información o simples pareceres concordantes con el discurso oficialista, o se sometieron a interrogatorios tensos y muchas veces hostiles.

El cronograma de trabajo de la comisión que, chicanas al margen, se cumplió a rajatabla y con remarcable dedicación, preveía como fecha tope la emisión del dictamen (o de los dictámenes, ya que se descuentan posiciones enfrentadas y predefinidas) en el curso de la próxima semana. La coincidencia de esa instancia con el tramo final de la campaña, y la advertencia por parte de la oposición de que la cuestión ofrecía un flanco por donde atacar a Sergio Massa asociándolo a las prácticas del kirchnerismo en materia judicial, llevó a instalar el tema en el debate público y a pronunciamientos del candidato sobre la inconveniencia de “juzgar a jueces” en pleno proceso electoral. Quedó pendiente, en todo caso, una definición suya sobre el fondo de la cuestión, que para muchos involucra un posicionamiento mucho más componedor con el Alto Tribunal. El dictamen, en tanto, tiene una nueva fecha tope después del balotaje, por efecto de la extensión del período ordinario de sesiones. No llegará a ser tratado por la Cámara con su actual composición, pero estará listo para su eventual consideración futura.

A ese respecto, y más allá de que se da por hecho la aprobación del dictamen acusatorio por la mayoría kirchnerista de la comisión, es difícil pensar en un escenario en que esa postura obtenga dos tercios de los votos de los miembros de la Cámara, como para llevar adelante el proceso tendiente a la destitución de los jueces de la Corte, con el Senado como cuerpo juzgador. A la vez, resulta aventurado establecer cómo quedarán definidos los bloques, en orden tanto a la implosión de Juntos por el Cambio como a la temida “fuga” de legisladores que teme el mileísmo y a los consabidos reagrupamientos del justicialismo en función del resultado electoral y el balance de fuerzas internas.

Por lo pronto, el episodio sirvió también para que los integrantes de Juntos por el Cambio de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica dieron una muestra de unidad, acotada estrictamente a la condena de la actuación del oficialismo con respecto a este tema, y exigir explicaciones e incluso pedir el desafuero de Rodolfo Tailhade, una de las más duras espadas del kirchnerismo contra la Corte, ahora involucrado en la investigación sobre espionaje a los propios miembros del Máximo Tribunal, junto a otros magistrados, políticos, empresarios y periodistas. Un escándalo que, entre otros, tuvo el efecto de potenciar la repercusión de un debate que el kirchnerismo mantuvo en primer plano durante todo el año, pero que en este momento resulta inconveniente para la estrategia electoral de Unión por la Patria. Y un cimbronazo que, a la vez y más allá de que el diputado implicado lo haya catalogado como una “operación” alentada por el propio Horacio Rosatti a tal efecto, inevitablmente sacude las bases mismas de todo el proceso.