La semana pasada, en vísperas del comienzo de la feria judicial, el juez Sebastián Casanello ordenó hacer un entrecruzamiento de las llamadas entre la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario detenido Lázaro Báez y los teléfonos celulares y de línea de los secretarios privados y estrechos colaboradores de ambos.
Según publicó el periodista Luis Majul en su programa La Cornisa, Casanello ordenó el entrecruzamiento para “demostrar el vínculo que existía entre los imputados que se encuentran con procesamiento firme y los funcionarios públicos investigados”. El juez busca cumplir con el pedido de la Cámara, que le ordenó investigar esa pista.
La novedad abre un nuevo frente judicial para Cristina Kirchner, que está procesada en las causas “Hotesur”, “Los Sauces”, “Vialidad” y por el memorándum de Entendimiento con Irán, pero hasta ahora se había mantenido lejos de la investigación de Casanello en la denominada ruta del dinero K.
Además de Báez, por esta causa hay varios detenidos, como los ex empleados de la Rosadita, la mesa de dinero con la que el empresario lavaba los fondos que cobraba del Estado y los enviaba al exterior, para luego reingresarlos a la Argentina.
Casanello solicitó las llamadas entrantes y salientes de 78 líneas, entre teléfonos fijos y celulares de la ex presidente y su círculo más íntimo, en el lapso que va desde 2010 y 2013, el período que comprobó que Báez comenzó a lavar dinero. El listado del entrecruzamiento incluye las líneas de Báez y su círculo íntimo.
Se trata de 15 líneas asignadas al despacho presidencial y la Secretaría privada del gobierno en la Casa Rosada, 20 líneas asignadas a la residencia de Olivos y 33 líneas de teléfonos celulares asignadas a colaboradores y secretarios privados.
Todo el listado fue proporcionado por el gobierno actual, por pedido del juez.
El objetivo de los entrecruzamientos apunta a establecer si Cristina Fernández estaba al tanto o no de las maniobras de lavado de dinero de Lázaro Báez. Es decir, quiere saber si es partícipe necesaria del delito de lavado de dinero.
Casanello además pidió a las telefónicas los listados de las llamadas entrantes y salientes, detalles de la ubicación y activación de celdas y los mensajes de textos enviados y recibidos desde el primero de octubre de 2010 hasta el 30 de abril de 2013.